Aunque las condiciones de seguridad no son suficientes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) reabrió sus puertas el pasado jueves en la comunidad guerrerense de Ayutla, donde prevalece un ambiente de tensa calma.

El director de la agrupación, Abel Barrera, hizo un recuento de las amenazas a los miembros de dicho centro. Señaló que las constantes violaciones a las garantías individuales en esa zona los hicieron volver, aunque el peligro siga latente.

Tras el asesinato de los activistas Raúl Lucas y Manuel Ponce, el CDHMT y la Organización del Pueblo Indígena Meph’aa (OPIM) decidieron que era muy arriesgado trabajar en Ayutla y determinaron el cierre temporal de la sede, hace dos años y tres meses.

Reabrimos, pues no podemos estar supeditados a que las autoridades encubran a quienes atentan contra la seguridad de los defensores de derechos humanos. Por eso apelamos a la ayuda de organizaciones nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó.

Con ese respaldo, Tlachinollan se arriesgó a reabrir su centro en Ayutla, donde ha retomado sus labores en defensa de los pueblos indígenas, particularmente las relativas a abusos del Ejército.

Pese a que aún se respira una tensa calma, Barrera se dijo consciente de que el trabajo apenas comienza, y que en cualquier momento podría haber más amenazas y actos de intimidación, como los que se produjeron en el acto por el aniversario de la matanza de El Charco, el 7 de junio de 1998.