l euro está en jaque, aunque aún protegido por el par de alfiles y algunos peones. El paso se marca al ritmo de la deuda, primero fue Irlanda y luego Grecia, que durante meses ha amenazado con arrastrar a otros países. Portugal ya sucumbió, España e Italia están en la mira de los especuladores.

Desde la década de 1980, y en repetidas ocasiones desde entonces y hasta principios de este siglo, las crisis financieras internacionales se habían desplazado con bastante eficacia hacia los países periféricos, fueran de América Latina o de Asia. Luego sobrevino también el estancamiento de la economía japonesa que dura ya muchos años y que ha sido como un preludio de la situación actual.

Finalmente la crisis alcanzó al centro de lo que Fernand Braudel llamó la economía mundo. El sistema financiero de Estados Unidos estuvo a punto de colapsar en septiembre de 2008 cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers y la fragilidad se extendió como reguero de pólvora por Europa.

Hoy, la deuda de varios países europeos parece en el papel todavía administrable, pues la producción irlandesa, griega y portuguesa es una parte menor (alrededor de 6 por ciento) del conjunto de la Unión Europea (UE).

Pero los bancos europeos son acreedores de poco más de 145 mil millones de dólares de deuda griega (Francia dos quintas partes, Alemania una quinta, Reino Unido una décima y Portugal 7 por ciento), así que la quiebra de ese país arrastraría a todos. Además, provocaría un episodio a mayor escala como el de hace tres años, pero con menor resistencia.

Las condiciones de la crisis llevaron al pacto por el euro que firmaron los gobiernos de 17 países a principios de marzo pasado, pero éste no logra consolidarse.

Dicho pacto pretende reforzar la economía de la región y el valor del euro mediante el incremento de la competitividad y mayor nivel de producción, que vaya rebajando el peso de la deuda. Para ello se han ido estableciendo compromisos para moderar el alza de los salarios, hacer más flexible las condiciones laborales para las empresas, contener el gasto en las pensiones y prestaciones sociales.

Además se trata de coordinar las políticas fiscales, asunto que ha probado ser bastante conflictivo. Eso lo demuestran reacciones como las huelgas generales en Grecia o las protestas sociales en España y Francia, o bien, con las nuevas formas de nacionalismo en Finlandia. La economía es política por naturaleza.

Todo esto significa que se recarga el costo de la crisis económica y financiera sobre la gente, los que aún tienen trabajo y, sobre todo, los desocupados. Los ajustes en muchas partes están siendo muy severos y su repercusión se extenderá por varios años. Los rescates se hacen cada vez más abultados y la austeridad que se aplica es crecientemente insensata. Esto es lo único que saben hacer los doctores de la deuda en los gobiernos, los bancos centrales y el en FMI.

Entre tanto, lo que prevalece son los intereses de las instituciones financieras que están en el epicentro de la crisis e, igualmente, el de los rentistas que se defienden de la caída de los rendimientos de los bonos y otros títulos de deuda. La situación que existe es precaria, por decir lo menos y, por supuesto, aún puede desbordarse.

Tan sólo en días recientes se advirtió que no hay siquiera una táctica común en Europa para tratar la crisis. Grecia, que ya recibió más de 300 mil millones de euros para refinanciarse no puede cubrir los pagos pendientes y requiere una restructura de la deuda.

Cómo hacerla ha sido el punto de discrepancia más reciente, principalmente entre Alemania, Francia y el Banco Central Europeo (BCE). El gobierno de Merkel quería una intervención forzosa del sector privado para que compartiera el costo del nuevo rescate y los posibles descuentos sobre el valor de la deuda. Sarkozy y el BCE se opusieron y por ahora ganaron la partida.

La victoria puede ser pírrica en tanto no haya mecanismos efectivos de contención de la insolvencia existente y de la que se puede provocar en otros países de la UE. La gestión de las condiciones de la deuda, por ahora, se está haciendo bajo los principios más ortodoxos de las políticas monetaria y fiscal. Eso mismo indica que la contención en el mejor de los casos tenderá a preparar el campo para un nuevo episodio de crisis.

Está cambiando el modo en que se establecen los términos del conflicto que representa la crisis financiera. El equilibrio muy inestable que existe se ha conseguido mediante toda una serie de argumentos convencionales, avalados y puestos en práctica por los gobiernos de todos los países involucrados independientemente de su signo político.

Las reformas planteadas han sido sólo tímidas y, en el caso del proyecto de ley llamada Dodd-Frank (Ley de reforma de Wall Street y de protección al consumidor) en Estados Unidos, que es la más amplia, se ha quedado en la congeladora por la reticencia de la Reserva Federal. Esto indica los límites políticos o la falta de disposición del gobierno de Washington para una reforma a fondo.

Por ahora los gobiernos y las instituciones financierasdel mundo están haciendo de funámbulos, unos de manera estelar y otros como acróbatas de reparto.