La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que el contrato adjudicado por la Secretaría de Gobernación de manera directa, mediante el cual una empresa de asesoría ligada al Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo en dos días 9 millones de pesos, es sólo un ejemplo de la forma en la que el partido en el gobierno se ha servido de los recursos públicos. Advirtieron que se encuentran en el proceso de recabar todas las acciones que, como ésta, no sólo violan la ley, ya que un contrato de esa naturaleza no puede entregarse de manera directa si se trata de cantidades superiores a 300 mil pesos, sino que abusa de los recursos de todos los mexicanos.

El vocero del tricolor, David Penchyna, lamentó además que el gobierno federal recurra a un discurso que tienda a violentar la política, al señalar presuntas irregularidades en el patrimonio de funcionarios del PRI, como Vicente Chaires, cercano colaborador de Humberto Moreira a quien funcionarios del PAN acusan de enriquecimiento inexplicable y uso de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con datos proporcionados por la dirigencia del PRI, Chaires participó con apenas 5 mil pesos en una sociedad para la explotación de medios electrónicos, de la que dejó de formar parte cuando le fue requerida una ampliación de capital, con la que no pudo cumplir. Trascendió incluso que se preparan sendas denuncias por daño moral en contra del representante del PAN para las elecciones a gobernador de Coahuila, Federico Doring, quien a su vez presentó una denuncia en contra de Chaires ante la Procuraduría General de la República.

De acuerdo con David Penchyna, este desaseo político en los que ha incurrido el gobierno federal y su partido no contribuye al sano desarrollo de la vida pública y pone en riesgo la gobernabilidad del país, a la que el PRI ha contribuido desde el inicio de su mandato en 2006.

Por otra parte, la dirigencia tricolor advirtió que no alentará debates ratoneros, insustanciales e inequitativos, propios de aficionados a la política que desean hacer sus pininos en ligas mayores, como han sugerido los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero y de Educación Pública, Alonso Lujambio, así como el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quienes han insistido en debatir con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

En tanto, la Secretaría de Gobernación aseguró ayer que el contrato con el despacho Javier Cordero Hernández y Asociados SC fue por 93 mil 98 pesos y 54 centavos, y no 9 millones 309 mil 854 pesos, pero el presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero Morales (PVEM), exigió que la dependencia entregue copia del cheque o de la transferencia interbancaria a la cuenta del capacitador oficial del PAN.

La dependencia afirmó en una tarjeta informativa que si en su página de transparencia aparece la segunda cifra fue por un error involuntario al capturar la infor- mación, por lo que en el rubro de contrataciones aparece un monto distinto al que se ha señalado, mismo que será corregido de inmediato. Sin embargo, Escudero Morales insistió en que el contrato asciende a 9 millones 309 mil 854 pesos y que difícilmente puede tratarse de un error de captura, porque en dos documentos distintos el monto aparece no sólo con número, sino con letras. “Qué casualidad que hay un ‘error’ precisamente con el capacitador del PAN. Yo no he visto el contrato, ni el cheque, y si fue por transferencia, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aclare el monto”.

Dijo que presentará un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que la Secretaría de Gobernación responda oficialmente y entregue copia desglosada del contrato, y no sólo la primera página del documento, que también fue enviado a este diario. Todo esto está muy extraño. A mí se me hace que metieron mano al contrato para tratar de corregirlo, pero se están enredando más, declaró. Más aún, la dependencia señaló que a los 93 mil 98 pesos y 54 centavos se agregan 14 mil 897 pesos y 77 pesos por concepto de 16 por ciento de impuesto al valor agregado, por lo que el pago al despacho ligado al Partido Acción Nacional fue de 107 mil 994.31 pesos.

Gobernación expresó que reitera su compromiso con la transparencia y legalidad en las contrataciones de bienes y servicios. Y al mismo tiempo señala que desconoce si el prestador de servicios contratado realiza trabajos para cualquier partido político.