Washington, 21 de junio. El gobierno estadunidense anunció este martes la detención de más de 2 mil 400 inmigrantes con antecedentes penales o fugitivos de la justicia en una operación a escala nacional realizada en mayo. El operativo duró siete días y todos los detenidos tenían antecedentes penales, señaló la Agencia de Inmigración y Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés). De los aprehendidos, 22 por ciento tenía orden de deportación.

Los resultados de esta operación subrayan el compromiso del ICE de arrestar a los criminales extranjeros convictos que dañan nuestras comunidades, aseguró el director de la agencia, John Morton.

La ICE tuvo que presentar la semana pasada cambios en su principal programa de arresto y deportación de indocumentados con antecedentes penales, debido a las críticas de gobernadores, policías y asociaciones civiles.

El programa Comunidades Seguras, que empezó hace dos años, compara las huellas dactilares de los detenidos por un crimen con las bases de datos migratorios del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) para saber si están en el país legalmente, y si no, iniciar su deportación.

A partir de ahora, ninguna víctima de un crimen podrá ser sometida a procedimientos de deportación, y las detenciones para verificar el estatus migratorio serán de un máximo de 48 horas.

El DHS detuvo a 517 mil extranjeros durante el año fiscal 2010 (octubre de 2009 a septiembre de 2010), de los cuales, 83 por ciento eran mexicanos.

Las deportaciones ascendieron a 387 mil, de las cuales 169 mil eran inmigrantes con antecedentes.

Entre los dos mil 500 detenidos hay convictos por narcotráfico, pederastia, abuso de menores, robo a mano armada, lesiones agravadas y falsificación de documentos, precisó la ICE en un comunicado difundido este martes.

La operación de mayo pasado es considerada la más grande desde diciembre de 2009, precisó el informe.

En la semana del operativo intervinieron más de 500 agentes de la ICE apoyados por la oficina de inspección del servicio postal, el servicio de seguridad diplomática, la oficina de protección fronteriza y aduanera, policías estatales y locales, y la oficina de alguaciles federales.

En el contexto de la reforma integral de migración, que fue una de las promesas de campaña del presidente, Barack Obama, y en vísperas del año electoral, el gobierno de Estados Unidos anunció el pasado viernes las reformas al polémico programa que busca deportar criminales, ante las crecientes críticas de gobernadores, policías y organizaciones que denuncian violaciones de derechos civiles y la expulsión de personas que no enfrentan cargos.

Morton informó en teleconferencia una serie de modificaciones al programa Comunidades Seguras para responder a las preocupaciones latentes. Aseguró que el programa está enfocado a expulsar a quienes hayan cometido delitos graves y explicó que criminales representan 70 por ciento de los deportados.

Pero en las últimas semanas se multiplicaron las denuncias de expulsiones de personas que no enfrentaban cargos o incluso de víctimas que al denunciar un crimen eran detenidas y, al no tener papeles, deportadas. Al coro de críticas de organizaciones, se unieron legisladores de origen latino del Congreso y tres estados: Illinois, Nueva York y Massachusetts, que decidieron no participar en el programa.

Además, Morton anunció la creación de un comité asesor que estará integrado, entre otros, por defensores de los derechos de los migrantes y fiscales, para que evalúe las mejoras que se le pueden hacer al programa.

El primer asunto sobre el que se les pedirá opinión será qué hacer con indocumentadas que sólo hayan incurrido en infracciones de tránsito.

Organizaciones de defensa de los migrantes saludaron las modificaciones, pero señalaron que no eran suficientes. El programa tiene serios problemas al ser puesto en práctica y erosiona la confianza entre las comunidades y las policías, dijo Ali Noorani, director del Foro Nactional de Inmigración.

El gobierno de Obama defiende una reforma migratoria integral que regularice la situación de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, la mayor parte latinos, pero afirma que mientras tanto debe cumplir las leyes migratorias, aunque en materia de deportaciones el acento debe ser puesto en la expulsión de criminales.