a fallida guerra calderonista en contra del crimen organizado no sólo ha dejado, hasta ahora, un saldo cercano a 40 mil muertos, miles de huérfanos y viudas, cierre de empresas y pérdida de plazas laborales, entre otros, sino el creciente uso de recursos públicos y, por ende, la progresiva presión al presupuesto federal. Sólo en la presente administración gubernamental, según cifras oficiales, se ha utilizado alrededor de medio billón de pesos para tal fin.

Todos los días el gobierno federal presenta ante los medios electrónicos decenas de presuntos integrantes del crimen organizado, capturados por el aparato de seguridad. Sin embargo, más allá del show, la mayoría de ellos más temprano que tarde es liberada y vuelve a las andanzas, en el entendido de que 98.3 por ciento de los delitos queda impune, y los pocos delincuentes que llegan a los saturados centros penitenciarios cada día le cuestan más al erario, como lo documenta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (Delincuencia y Seguridad Pública en México).

El panorama de delincuencia y violencia que enfrenta el país se ha convertido en una presión más para las políticas públicas y el presupuesto nacional, en particular, dentro del ámbito de la seguridad pública, por la demanda de mayores espacios para alojar a los individuos que enfrentan un proceso judicial y los que se encuentran cumpliendo alguna condena por infracciones a la ley, apunta el referido centro.

Esta situación se desprende del aumento de la población penitenciaria que, de acuerdo con cifras oficiales, se ha incrementado en casi 70 por ciento, al pasar de 128 mil 902 internos en 1998 a 218 mil 865 en 2008. Sin embargo, la distribución de la población en prisión se ha mantenido más o menos constante a lo largo de la última década, registrando a 2008 una composición de 58.9 y 41.1 por ciento entre internos con sentencia y presos sin condena, respectivamente (de igual forma, se observa un incremento de alrededor de 20.3 por ciento en el número de delitos denunciados, los cuales pasaron de un millón 451.8 mil a un millón 746.6 mil entre 1998 y 2008).

En términos generales, el aumento de presos no se ha visto acompañado por un crecimiento de la infraestructura para recibir a mayor cantidad de delincuentes: en 1995 la sobrepoblación penitenciaria era prácticamente nula; para 2001 se registró una sobrepoblación de 31 mil 120 internos, distribuidos entre los 446 centros penitenciario existentes (que contaban con un total de 134 mil 567 espacios disponibles); actualmente las prisiones mexicanas registran un sobrecupo de 30 por ciento, en promedio (la población penitenciaria varía de un centro a otro: en 12 estados la población penitenciaria supera el promedio, el Distrito Federal tiene sobrepoblación por más de 100 por ciento y 10 estados tienen población interna menor a su capacidad instalada), a pesar del incremento de 2.2 por ciento de la capacidad instalada en 2008-2009 (el aumento se debe a la renovación de instalaciones y la apertura de dos nuevos centros; sin embargo, se presentó acompañada del cierre de ocho centros de reclusión en el país).

A esas condiciones de sobrepoblación en las cárceles mexicanas se agregan deficiencias del sistema penitenciario que, según lo manifestado por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, se refieren a heterogeneidad en tipo de instalaciones, procesos de operación, tratamientos y programas de readaptación; condiciones de reclusión altamente dispares; diversidad de reglamentaciones y criterios sobre infraestructura, tecnologías, equipamiento y sistemas de vigilancia y custodia; ausencia de criterios homogéneos para establecer los perfiles criminógenos y sicosociales para clasificar a la población interna, según características de riesgo; además de que no hay criterios de sustentabilidad que reduzcan el costo fiscal para la sociedad y den soporte a actividades de rehabilitación perdurables.

Respecto del gasto destinado a la seguridad pública destaca que: el presupuesto del Organismo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública) se cuadruplicó en términos nominales entre 2001 y 2010 al pasar de un mil 162.3 a 5 mil 48.6 millones de pesos; resultado principalmente de los montos presupuestales destinados en 2009 y 2010 a construcción y mantenimiento de centros carcelarios (2 mil 573.5 y 3 mil 977.6 millones, respectivamente). El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública se triplicó entre 2001 y 2010, al pasar de 6 mil 31.4 a 22 mil 31.6 millones.

La manutención de quienes están privados de su libertad le cuesta al erario 34 millones de pesos diarios. A pesar del mayor gasto en seguridad pública, explica el CEFP, la impunidad se señala como uno de los elementos en que el sistema penitenciario mexicano no ha tenido resultados positivos. De acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, alrededor de 98.3 por ciento de los delitos quedan impunes, dado que sólo 12 de cada 100 son denunciados, 26 de cada 100 averiguaciones se concluyen y en 55 de cada 100 casos se presentan consignados. La probabilidad de que un delincuente sea puesto a disposición de un juez es de 1.7 por ciento, mientras que una vez puesto a disposición del juez el sistema actúa con bastante diligencia, y la prisión preventiva federal se ha incrementado en gran medida por esta impunidad.

La Constitución establece en su artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Sin embargo, la sobrepoblación de los centros penitenciarios limita su capacidad para impulsar esquemas efectivos de reinserción social. Además, el sistema penitenciario mexicano ha estado orientado a la contención más que a la readaptación.

Tal enfoque, puntualiza el CEFP, ha definido a las estructuras penitenciarias como meras administraciones carcelarias, derivado de un sistema penal centrado en la reclusión como sanción. En el mejor de los casos, procura la recuperación de la libertad del interno, bajo esquemas carcelarios de buena conducta durante la reclusión, que no están necesariamente asociados a una estrategia de readaptación o reinserción social.

Las rebanadas del pastel

Un fuerte abrazo para Celeste Sáenz de Miera, Mouris Salloum George, Mario Méndez Acosta, Abraham García Ibarra y demás directivos del Club de Periodistas de México, por los primeros 50 años de la institución. ¡Felicidades!, y muchos aniversarios más.

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