El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, asegura que, según los estrategas de la lucha antimaras y contra el crimen organizado de su gabinete, en su país, a diferencia de lo que ocurre en Guatemala, “los cárteles mexicanos no operan directamente: ni Zetas ni Golfo ni Pacífico. Estamos seguros de que en el país no existen esas estructuras”.

Lo que no quiere decir que estén ausentes: “Lo que hacen es contratar a las pandillas –las maras– para el narcomenudeo, y a través de esto para la obtención de armas”.

En la entrevista con este diario reconoce uno de los más riesgosos legados de la guerra civil que formalmente concluyó en 1992: “Nosotros tenemos el problema de muchas armas no legalizadas. El desarme de la guerra –parte de los acuerdos de paz entre el gobierno de entonces y la guerrilla– quedó a medio término. Estamos empujando iniciativas de ley que todavía no han encontrado el respaldo de la derecha legislativa, para iniciar un proceso de desarme de la población, reducir la tenencia y portación de armas”.

–¿Se registra en El Salvador un desborde de cárteles mexicanos?

–Tenemos información de que Los Zetas, que no operan como tales en el país –no hay ningún hecho criminal que nos lo indique, a diferencia de lo que se ve en Guatemala, donde el mismo presidente Álvaro Colom ha dicho que operan cinco o seis grupos narcomilitares–, incursionan para comprar armas en El Salvador. Hemos detectado una célula muy pequeña dentro del ejército y la policía, que se dedicaba a la sustracción de armas, fusiles de asalto, granadas, explosivos, para vendérselo a Los Zetas.

–¿Las maras son su mayor desafío?

–Las pandillas de los ochenta, los noventa, ya mutaron en estructuras de crimen organizado, pero porque se les dejó evolucionar. Hoy son más de 20 mil y puede haber un subregistro. Viven de delinquir.

“En los gobiernos de Arena, en la estrategia anticrimen faltó la prevención. Hoy lo estamos haciendo. Impusimos un servicio obligatorio para jóvenes de alto riesgo –que no es servicio militar obligatorio– de 16 a 24 años, donde los concentramos y les damos destrezas en áreas de protección civil, que tienen un gran déficit. Paralelamente estamos depurando a las policías y a las fiscalías. Pero además, eso sí, criminalizamos la pertenencia a las maras. ¿Porqué? Porque cometen crímenes.

–¿Quien lleva el peso de la seguridad, la policía o el ejército?

–El gabinete de seguridad. Fundamentalmente la policía, pero comparten el peso con el ejército, la dirección de centros penales, migración, el consejo nacional de juventud, la fiscalía. El órgano judicial nunca se ha querido incorporar. Y eso lo coordina el secretario de asuntos estratégicos, Hato Hasbún.

–Estados Unidos ve al narcotráfico de México y Colombia como una amenaza a su seguridad interna. ¿El Salvador lo es?

–No, y en Washington nos lo han dicho. El Salvador no representa una amenaza de ese calibre, pero tenemos que evitar que la delincuencia adquiera esas dimensiones. Yo creo que lo que Estados Unidos tiene que hacer es llegar a un acuerdo con la región centroamericana en pleno antes de que el problema se nos vaya de las manos. Y no llegar a los niveles de violencia concentrada que tiene México ahora y que Colombia tuvo.

–¿Puede desbordarse el problema de los cárteles de México a El Salvador?

–Lo que hay es cambio territorial. Si en México cercan a los grupos criminales se mueven a otros lados donde hay instituciones débiles. Es lo que ha ocurrido en Guatemala. Pero hasta ahora no han llegado a El Salvador. Nuestro territorio es más complicado para su operación, por la densidad poblacional, el tamaño del territorio y porque hay una presencia territorial armada mucho mayor de la que puede tener Guatemala, incluso México.