s de preocupar lo que está pasando en las esferas del poder institucional, tanto del gobierno federal como de los estatales, incluido el DF. O no tienen brújula o ésta está desconchinflada.

Comenzaré por las fantasías del gobierno federal y su flamante vocero Alejandro Poiré. Ante las propuestas sueltas sobre el establecimiento de pactos entre el gobierno y el crimen organizado (la de Sicilia entre aquéllas, Reforma, 4/4/11), el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional ha dicho que el gobierno de Felipe Calderón no pactará con las organizaciones criminales. Okey, que no pacte. Pero lo que no queda claro es que no pactará porque hacerlo significaría debilitar a las instituciones de seguridad y justicia, abonar a la impunidad, permitir el crecimiento de los grupos criminales y darles manga ancha para incurrir en delitos como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el robo (La Jornada en línea, 20/6/11). Más adelante dijo que no se puede pactar fuera de la ley y que el único camino es el de las instituciones, la ley y la reconstrucción del tejido social.

¿Dentro de la ley? ¿No debilitar las instituciones? Vamos, señor Poiré: explique en su blog a qué ley se pueden acoger los retenes militares en ciudades y carreteras y los cateos de casas sin orden expresa de un juez. A finales del año pasado escribí, después de revisar cuidadosamente nuestra legislación, que “la Secretaría de Seguridad Pública no tiene entre sus atribuciones realizar acciones preventivas en materia de seguridad, sólo ‘aprobar el sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para prevenir la comisión de delitos’ (ver atribuciones de la SSP, fracción XVI); la Secretaría de la Defensa tampoco, como puede verse en el título segundo, capítulo II, artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Ley Orgánica de la Armada de México sólo tiene atribuciones para prevenir la contaminación marítima. En otros términos, estas instancias del gobierno federal no tienen facultades de prevención en materia de seguridad, aunque sí las tienen para garantizar la seguridad interior del país y su mar territorial. Garantizar no es prevenir. Para esto existe la policía preventiva”, Demuestre que estoy equivocado y fundamente el supuesto apego a la ley a que se refiere. Es el gobierno del que usted habla el que ha debilitado a las instituciones (comenzando por el Ejército y la Marina), además del crimen organizado que ha podido corromper autoridades y ocupar espacios geográficos que deberían controlar y proteger las autoridades federales y estatales, con base en sus atribuciones legales (por lo que no es necesario recurrir a acciones ilegales como las que vemos todos los días).

Leo también en La Jornada en línea del lunes que los representantes de 31 estados y el Distrito Federal aprobaron hacer permanente el operativo Conago-1 y que se han propuesto fortalecer la cooperación con el gobierno federal en la lucha anticrimen.

Esto sugiere, en primer lugar, que los gobernadores (incluido Ebrard) están de acuerdo con la lucha anticrimen de Calderón, y en segundo lugar que continuarán violando la ley, comenzando por la Constitución (artículo 16), con un operativo permanente igual al realizado en la semana anterior. ¿En qué consistió el operativo que ahora se quiere hacer permanente?

Cito a Granados Chapa (Reforma, 19/6/11), quien nos ofreció un botón de muestra del operativo, después de aclarar que no sabe (y yo tampoco) cuántos casos similares se han dado: “Un muchacho transitaba el martes por la colonia San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, cuando fue víctima de la Operación Conago 1, una iniciativa propagandística acordada por la Conferencia Nacional de Gobernadores y más que entusiastamente promovida y encabezada por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Un grupo de policías uniformados lo copó, lo acusó sin más averiguación de ser distribuidor de mariguana y ante la imposibilidad del joven agredido de pagar por su libertad la mordida que se le exigía, fue trasladado al Ministerio Público. Allí permaneció 48 horas, plazo en que su familia y sus amigos reunieron no los 15 mil pesos que se le demandaron para no consignarlo ante un juez, sino sólo 10 mil. En los separos de la agencia en que pasó dos días infernales, detenido sin causa, esta víctima del empeño gubernamental en pro de la seguridad pública convivió con media docena de muchachos que habían sido arrestados en los días anteriores en circunstancias similares a las suyas.”

Conociendo las acciones de las diversas policías no me sorprendería que muchos otros casos como el citado pudieran encontrarse al revisar los expedientes en que supuestamente se basaron las acciones del Operativo Conago-1. ¿Cuántas de éstas fueron realizadas al margen de las leyes? ¿Las detenciones de que ahora se ufanan estuvieron precedidas de órdenes judiciales o se hicieron como las mismas que se han llevado a cabo bajo el amparo de la lucha anticrimen de Calderón? ¿Lo mismo en los cateos de casas habitación y negocios establecidos? Dicen los promotores o voceros de este operativo que se respetaron los derechos humanos de los miles de detenidos, ¿pero también las leyes? Milenio publicó una foto el lunes donde los policías mexiquenses bajaron a los pasajeros de un autobús urbano, los pusieron con las manos en alto contra el vehículo y los cachearon en busca de armas. ¿Es legal? Obviamente no.

¿Pueden demostrar que cada una de las detenciones, cateos y redadas fueron precedidos de mandamientos judiciales cumplimentados y que en todos los casos los presuntos delincuentes fueron presentados ante el Ministerio Público para realizar las investigaciones pertinentes antes de presentarlos a los jueces respectivos?

Y, finalmente, ¿cómo explican los señores gobernadores que después de cuatro años de arbitrariedades federales contra la delincuencia fueran omisos en cumplir eficientemente su función de salvaguardar la vida y las pertenencias de los mexicanos? ¿Hasta ahora se percataron de que entre sus funciones está la de prevenir y combatir los delitos del fuero común, o sólo de que habría que coordinarse para hacerlo? ¿Dónde tenían la brújula antes?

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya existía desde el 2 de enero de 2009, y en su artículo 2 decía, incluso antes de ser reformada en noviembre de 2010: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo…” ¿Por qué, entonces, se tardaron más de dos años en aplicarla de manera coordinada? Si la iniciativa del Operativo Conago-1 fue de Ebrard, precisamente después de que los chuchos le dieran su apoyo, ¿por qué no pensar que la propuso para congraciarse con todos, incluido Calderón, para disputarle con ventaja (¿?) a López Obrador la candidatura del PRD a la Presidencia? Recordemos que dicha candidatura se decidirá, según se ha propuesto, por encuesta pública. ¿Trata de ganar simpatías entre la población harta de la inseguridad del país?

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