En el tema de la migración irregular, el gobierno mexicano es más débil de lo que se piensa, por ello es necesario que la gente deje de ser ingenua y se dé cuenta de que una de las últimas opciones para resolver este fenómeno es la participación activa de la sociedad civil.

Tal fue la advertencia que realizó Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, quien ayer participó en el foro organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con motivo del Día Mundial del Refugiado.

El gobierno puede manifestar buena voluntad (para proteger a los migrantes), pero sus posibilidad reales son muy escasas. No hay que pedirle peras al olmo. La gente tiene que ser realista y caer en la cuenta de que tenemos demandas rezagadas desde hace décadas, que las autoridades no se han propuesto resolver, dijo.

Por ello, lo que hizo el presidente Felipe Calderón al prometerle a su homólogo salvadoreño Mauricio Funes que garantizaría la seguridad de los ciudadanos de dicho país durante su tránsito por México es darle un avión diplomático, porque sabe que no puede hacerlo, y menos cuando sus agentes se han pasado a las filas de la delincuencia.

Luego de pronunciarse por dar una visa de tránsito a todos los migrantes que lo soliciten, el sacerdote denunció que la supuesta limpia en el Instituto Nacional de Migración (INM) es sólo un operativo de maquillaje que no frenará de raíz las agresiones que padecen los trabajadores indocumentados.

Por su parte, Marielena Lugo, investigadora en temas de derechos humanos, subrayó que la guerra contra el crimen ha dejado 230 mil desplazados entre 2006 y 2010, la mitad de los cuales se fue a Estados Unidos para escapar de la violencia.

El abogado y politólogo Federico Anaya se manifestó irónicamente por ser más liberales que los neoliberales y permitir el libre tránsito por México, para que los migrantes puedan ejercer plenamente su derecho a buscar mejores oportunidades de vida, y de esa forma dejar de perseguir y criminalizar a los indocumentados.

Leticia Calderón, académica del Instituto Mora especializada en temas migratorios, señaló por su parte que la tradición de refugio y hospitalidad que alguna vez mostró el país se está convirtiendo en una referencia del pasado, ya que en la actualidad México hace muy poco para proteger a los migrantes que cruzan su territorio.

Tras destacar como una excepción el caso de la activista de derechos humanos Cipriana Jurado –quien obtuvo el estatus de asilada política en Estados Unidos–, la investigadora lamentó que el Estado mexicano se haya vuelto una institución obsoleta, caduca y patriotera, que se amuralla para detener como sea la migración forzada.

Como parte del foro, migrantes haitianos ofrecieron su testimonio sobre los obstáculos que han tenido que vencer en México, entre ellos la discriminación por motivos raciales, y no sólo en la vida cotidiana, sino también en espacios institucionales de todo tipo, como escuelas y hospitales.