Amnistía Internacional (AI) emitió ayer una acción urgente mediante la cual solicitó al gobierno del país que brinde protección a Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel, dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’pha (OPIM), quienes el 16 de junio recibieron nuevo mensaje intimidatorio.

La amenaza advierte a ambos activistas que dejen de presionar al gobierno mexicano para que cumpla las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por soldados en 2002.

Dicha carta –también dirigida a los miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT)—llegó al domicilio de la pareja apenas una semana después de que ellos y otros activistas de la OPIM fueron sometidos al registro agresivo e intimidatorio de miembros del Ejército.

Los dirigentes forman parte del grupo de 107 defensores de derechos humanos para quienes la CIDH ordenó medidas provisionales en abril de 2009, que a la fecha no ha cumplido el gobierno mexicano.

Además de Ramírez y Eugenio, otros activistas de la OPIM han sido reprimidos e intimidados: Raúl Hernández fue encarcelado más de dos años por cargos falsos; mientras otros cuatro miembros del colectivo pasaron 11 meses en la misma situación.

En 2009, Manuel Ponce y Raúl Lucas fueron secuestrados, torturados y asesinados, y los casos siguen impunes.

AI llamó a sus adherentes a enviar cartas al gobierno mexicano para exigir medidas inmediatas de protección para ellos, y una investigación completa y exhaustiva sobre las amenazas.