Santiago, 23 de junio. Decenas de miles de estudiantes chilenos de secundaria se manifestaron en esta capital y otras ciudades en reclamo de mayores aportes fiscales para la educación y su regreso a manos del Estado, en tanto que el gobierno conservador de Sebastián Piñera aceptó finalmente negociar y hacer cambios al sistema de administración de la enseñanza pública.

Las marchas se extendieron a las ciudades de Arica e Iquique, en el norte, Valparaíso (puerto en el Pacífico), y Concepción y la provincia de Magallanes, en el sur.

Pero en Santiago hubo disturbios al final de la manifestación de unos 40 mil escolares, cuando encapuchados identificados como provocadores se dedicaron a causar daños y la policía militarizada arremetió con gases lacrimógenos y chorros de agua. El saldo fue de 107 detenidos y nueve heridos.

El viceministro de Educación, Fernando Rojas, quien se reunió con líderes estudiantiles, declaró a los medios de prensa que puede ser que en algunas comunas las municipalidades ya no se hagan cargo de la educación, pero la solución no es que el Estado se haga cargo de todos los colegios.

Los líderes estudiantiles han denunciado que las municipalidades chilenas carecen de recursos suficientes y operan con severas deficiencias en la educación.

El ministro del ramo, Joaquín Lavín, quien reclamó por los destrozos provocados durante las protestas, entregó una carta con propuestas. Dos de los dirigentes que recibieron la carta, Raúl Gamboa y Diego Mellado, dijeron que ésta se limita a vaguedades y a ofrecer para septiembre proyectos de ley que no especifica.

“Queremos una mesa de trabajo resolutiva, no de diálogo, y no estamos transando bajarnos de las tomas”, afirmó el dirigente de los escolares, Freddy Fuentes, en alusión a los colegios que mantienen tomados en el contexto de las decenas de manifestaciones que han realizado este año. Queremos ver avances reales primero, agregó.

Los estudiantes han denunciado que hay empresas privadas que administran y lucran con la educación, y que el ministro Lavín fue accionista de una universidad y se enriqueció con fondos públicos.

Por su parte, una vocera gubernamental, Ena von Baer, afirmó que los estudiantes de secundaria exigen entre sus demandas una tarjeta que les reduce el pasaje del transporte público para todo el año, pero sostuvo que su principal uso no es en horas de clases sino los viernes por la noche.

Ante el recurrente argumento de la supuesta violencia usada por los estudiantes, analistas han alertado de la presencia en las protestas de individuos funcionales al sistema que optan por los desmanes para descalificar el sentido y magnitud de la movilización social.

Los atentados a la propiedad pública y privada”, protagonizados por vándalos, violentistas y encapuchados responden a viejas prácticas de manuales de inteligencia, opinó el investigador chileno Francisco Herreros.

Asimismo, Alejandra Mohor, especialista del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la estatal Universidad de Chile, cuestionó el desmedido despliegue de la policía militarizada de carabineros e impugnó que la arremetida policial se produzca cuando la mayoría de las personas se expresan en forma pacífica.