esde estas páginas (La Jornada, 13 de mayo de 2011) denuncié el ilegal proceder de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en lo referente a la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, violando marcos jurídicos nacionales e internacionales, y enfrentando con represiones y criminalizaciones la resistencia de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para beneficiar a las corporaciones que construyen la obra en condiciones leoninas para los contribuyentes y, eventualmente, a las radicadas en la ciudad industrial de León, Guanajuato, que recibirían gran parte del agua del embalse, todo ello con la complicidad y obsecuencia de las autoridades locales, estatales y federales. Como es costumbre en este gobierno de la usurpación y el caos, las acciones violatorias de la Constitución evidenciadas en los medios de comunicación no son tomadas en cuenta y, en consecuencia, se debe suponer que quien calla, otorga.

La novedad del caso es la imputación del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos acerca de la actuación de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que a contentillo de la Conagua y en contradicción con su propio dictamen técnico del 14 de abril del año en curso, ordenan uno nuevo que da paso a la construcción de la presa y niega la razón jurídica de los pobladores perjudicados. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, una institución como el INAH, reconocida nacional e internacionalmente por su profesionalismo en la ejecución de las tareas encomendadas por ley, cambie radicalmente de opinión con respecto a un asunto tan controvertido como el proyecto de la presa El Zapotillo?

El dictamen de abril, firmado por el arquitecto perito Cuauhtémoc de Regil Fernández de Lara, adscrito al centro regional INAH-Jalisco y del que tengo una copia, asienta en su parte conclusiva lo siguiente: “La población o centro urbano de Temacapulín, tal como se desprende de los argumentos expresados en los numerales previos del presente dictamen, así como a las referencias a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los documentos internacionales de los cuales México es signatario, a la valoración técnica, histórica y social que se expresa en el presente dictamen, contiene en un alto porcentaje (cerca de 70 por ciento) de sus territorios urbanos, monumentos históricos que de acuerdo con la ley federal deberán ser conservados, sustentándose lo anterior en el interés general y público sobre el patrimonio cultural edificado de la nación. Asimismo, por la arquitectura rural que subsiste mezclada en el territorio urbano y que se extiende más allá de los límites urbanos, se trata de un conjunto de monumentos históricos claramente identificados. Por tal motivo, los monumentos históricos y ambientales, así como paisajísticos y naturales en los que se inserta el poblado, deben ser protegidos y conservados por ser de interés de la nación. La eventual construcción de la presa El Zapotillo, al inundar el poblado y sus inmediaciones, implica la destrucción del patrimonio histórico, social y cultural identificado a través de diversos estudios y documentos. Ante ello sería imposible recuperar los elementos ambientales y el locus propio y rasgo identitario de Temacapulín. Con las consecuencias que ya han sido estimadas y respaldadas por estudios sobre el particular de la UNESCO, ya que los habitantes del asentamiento tienen el derecho inalienable a conservar su patrimonio identitario. Como resultado del análisis llevado a efecto y como parte de la materia de interés jurídico del INAH en el ámbito de los monumentos históricos, el conjunto representa un hito histórico cuyo valor es de interés manifiesto de sus habitantes y su conservación responsabilidad del Estado mexicano y de interés de la nación, tal como lo señalan las leyes en la materia.”

Las autoridades del INAH pretendieron ocultar el contenido de este documento, argumentando que la información que se solicita está clasificada como reservada, toda vez que la Comisión Nacional del Agua hizo valer una impugnación al dictamen de referencia.

Así, bajo la presión de la Conagua y en congruencia con la opacidad que ha caracterizado al gobierno de Felipe Calderón, las autoridades del INAH emitieron recientemente un nuevo dictamen, elaborado en tan sólo cinco días, firmado por funcionarios de oficinas centrales desde el escritorio y sin recorrido de campo, y cuyo contenido específico no se ha dado a conocer públicamente, salvo un boletín de la Conagua, pero que como era de esperarse, permite la remoción del patrimonio histórico y la construcción de la presa, a cambio de maquetas y un museo para que los habitantes tengan un espacio para la memoria y el registro histórico (sic); esto es, espejitos y cuentas de vidrio. La recomendación del INAH es que la construcción del nuevo templo parroquial o de cualquier otra edificación en el asentamiento de reubicación deberá expresar el diseño y los atributos de una construcción contemporánea y evitar la utilización de estilos o decoraciones que copien los de los edificios históricos (Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez).

Es una vergüenza que las altas autoridades del INAH actúen en obvio perjuicio de los habitantes que están en riesgo de perder sus territorios, hogares, su sustento, su historia, su tranquilidad y sus vidas, y en contubernio con instituciones que como la Conagua se caracterizan por entregar el patrimonio de los mexicanos a unas cuantas corporaciones nacionales y trasnacionales. Contrasta, asimismo, el acatamiento a las leyes del Centro Regional del INAH en Jalisco con la carencia de ética y profesionalismo de quienes firman documentos a modo por órdenes superiores dentro y fuera de la institución. ¡No a la presa El Zapotillo!