onfieso mi ignorancia de origen respecto de los asuntos penales. Pero sí suelo leer la Constitución, lo que no me parece que hagan los funcionarios públicos, como lo acaba de demostrar la arbitrariedad extrema con que se ha actuado en contra del ingeniero Jorge Hank Rhon.

El problema tiene diversas perspectivas. Una, la que se establece en el primer párrafo del artículo noveno, y otra, la que deriva de las facultades del Poder Ejecutivo en el uso de las fuerzas armadas.

El artículo noveno, que nos lo tendríamos que aprender de memoria, por lo menos los abogados, simplemente establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso del ingeniero Hank, evidentemente se violó esa norma suprema cuando miembros de la policía y del Ejército entraron violentamente en su casa, le imputaron sin mayores pruebas la posesión de un cúmulo de armas de fuego y se lo llevaron detenido sin orden de autoridad competente.

Esto nos lleva a analizar si es función de las fuerzas armadas el ejecutar actos de policía. Hay que recordar la decisión presidencial de que el Ejército forme parte de la lucha contra el narcotráfico, para lo que pudo invocarse el primer párrafo de la fracción sexta del artículo 89 constitucional, que faculta al Presidente para preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de las fuerzas armadas permanentemente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Pero no hay que pasar por alto que sólo el Presidente puede ordenar que intervengan las fuerzas armadas, siempre y cuando esté en juego la seguridad interior.

En el caso no parece que el Presidente haya tenido intervención alguna y habrá que pensar si el gobernador del estado y el mando superior del Ejército en Baja California sean los que hayan decidido la intervención de los soldados en el allanamiento de la morada de Jorge Hank y su inmediata detención. Claro está que el hecho de que sin más trámites lo hayan conducido al Distrito Federal para ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República puede hacer pensar que el Ejecutivo federal, por conducto de la procuraduría, dio las órdenes respectivas, lo que me permito poner en duda. El Presidente es abogado y no puede ignorar las disposiciones, tan claras, de la Constitución.

Hay que reconocerle a la justicia federal la manera tan rápida en que resolvió el problema, obligando a poner en libertad a Jorge Hank.

No se puede dudar de las intenciones electorales en el caso. La presencia del Grupo Atlacomulco, que fundó don Carlos Hank, es más que evidente en la próxima elección del gobernador del estado de México y, por lo mismo, las consecuencias de los actos inconstitucionales cometidos en perjuicio de Jorge Hank podrían repercutir en el ánimo de los ciudadanos que supuestamente están vinculados en el estado de México al PRI. Y de manera indirecta también se podrían invocar las elecciones presidenciales.

A Jorge Hank lo acusan de muchas cosas, pero no hay que olvidar que su actividad económica ha mejorado de manera notable el empleo en Tijuana y no puede olvidarse que al mismo tiempo ha provocado con éxito el crecimiento del turismo, por efímero que parezca el cruzar, momentáneamente, la frontera.

Lo verdaderamente preocupante es la falta de respeto por el mandato constitucional. Las garantías individuales no pueden ser puestas en tela de juicio por razones políticas o de lo que sean. Nuestra Constitución, tan renovada, conserva sin embargo sus esencias de tutora de los derechos individuales y sociales. Y si bien es cierto que ha sufrido mil reformas, en lo esencial conserva el espíritu del Constituyente de Querétaro y por ello ha servido de modelo de otras muchas constituciones en diversos países.

Creo en el Ejército porque tuve el privilegio de formar parte de él. No puedo decir lo mismo de la policía. Y una combinación entre ambos para fines claramente electorales, no se vale. No lo olvidemos.