Monterrey, NL, 25 de junio. Con apoyo de organizaciones civiles, miembros de la comunidad otomí de Nuevo León y familiares de los cinco albañiles asesinados el 11 de mayo pasado, exigieron justicia y el esclarecimiento del crimen, presuntamente cometido por atacantes que los confundieron con criminales.

Los denunciantes afirmaron que a más de 40 días del multihomicidio no han tenido acceso al expediente de la averiguación para saber si los perpetradores fueron sicarios, como afirman las autoridades, o fuerzas de seguridad, como también es posible, pues otros inocentes ya fueron confundidos por ambos bandos, y aún se ignora la clase de balas con que los albañiles fueron ultimados.

Andrés González Ramírez, de 52 años; su hijo David González Juárez (20); su yerno Jacinto Hernández Gómez (35); Juan Marcial Genaro (23), y su sobrino Luis David Julián (16), originarios de Santiago Mexquititlán, Querétaro, y asentados en la colonia Lomas Modelo Ampliación Norte de Monterrey, son los otomíes que perecieron durante una jornada de enfrentamientos y persecuciones en la zona metropolitana.

Sus deudos por ser pobres han recibido un trato discriminatorio e inhumano de las autoridades, a diferencia del otorgado al doctor Otilio Cantú González, padre del médico Otilio Cantú Cantú, asesinado en Monterrey la madrugada del 18 de abril por militares en tareas de apoyo a la policía estatal, afirmó el defensor humanitario César Valdez.

Por ser un profesionista con reconocimiento, Cantú González logró que a pocas horas del asesinato el procurador de Justicia, Adrián de la Garza Santos, dijera que su hijo era una víctima inocente y que el arma aparecida en su camioneta fue dejada por un error de procedimiento, añadió Valdez.

Cantú González también logró que siete militares fueran consignados como presuntos responsables del asesinato y la manipulación de evidencias, pero las viudas, madres y hermanas de los albañiles reciben sólo un kilo de frijol, uno de harina de maíz, medio de arroz, medio litro de aceite, un paquete de galletas de animalitos y dos sopas de pasta por quincena, deploró a su vez la representante de Otomíes Defendiendo a los Nuestros, Eva Rodríguez Torres.

La dirigente exigió al gobierno estatal usar el fondo de apoyo a las víctimas del delito que consta de un presupuesto de 3.8 millones de pesos en 2011, para fijar una justa compensación a cada una de las familias lesionadas.