El gobierno de México lamentó ayer la promulgación de la Ley S20, en Carolina del Sur, la cual criminaliza la migración y puede afectar los derechos humanos y civiles de mexicanos que habitan o visitan esa localidad estadunidense, ya que abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales.

Al tiempo que se daba este anuncio, en el distrito norte de Georgia la corte federal determinó suspender provisionalmente la entrada en vigor de diversas disposiciones de la ley HB87, que también criminaliza la migración, informó anoche la cancillería mexicana.

Hizo ver que el fallo de Georgia se suma a tres resoluciones similares de cortes federales de distrito y a una de la corte de apelaciones del noveno circuito que mantienen suspendida la instrumentación de medidas migratorias a nivel estatal en Arizona, Utah e Indiana.

Dichas suspensiones provisionales se fundan en que algunas disposiciones de estas leyes invaden la competencia exclusiva del gobierno federal en materia migratoria, y en ciertas instancias abren espacios para la aplicación selectiva e indebida de la legislación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó el reconocimiento del gobierno de México a la decisión de la corte federal del distrito norte de Georgia. Sin embargo, señaló que tanto la embajada de México en Estados Unidos, como el consulado general en Raleigh, por distintos medios plantearon su rechazo y preocupación por el contenido de la citada Ley S20 de Carolina del Sur.

Al promulgarse dicha iniciativa, “se ignoran las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante mexicana a la economía y la sociedad de ese estado y la importancia de México como cuarto mercado para sus exportaciones.

Esta legislación es también contraria a los principios de corresponsabilidad, confianza y respeto mutuos con que los gobiernos de México y Estados Unidos atienden los retos compartidos en América del Norte, indicó la dependencia.

Planteó que organizaciones estadunidenses de la sociedad civil anunciaron su intención de promover demandas que eviten la entrada en vigor de esta ley, tomando en cuenta los precedentes legales sentados por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sobre la Ley SB1070 de Arizona, y por cortes federales de distrito sobre la HB497 de Utah, la SEA590 de Indiana y la ley HB87 de Georgia.

En este contexto, se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Carolina del Sur, señaló la dependencia federal.

Recordó que el gobierno de México continuará desplegando todas las medidas necesarias y acudiendo a todas las instancias disponibles, a fin de responder de manera firme e inmediata a cualquier violación de los derechos fundamentales de los mexicanos en Estados Unidos.