La Haya, 28 de junio. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, señaló hoy que el entorno cercano de Muammar Kadafi puede ayudar a su detención, en aplicación a la orden de detención emitida este lunes contra el líder libio.

El entorno cercano a Kadafi es la primera opción... deben elegir entre ser parte del problema y correr el riesgo de ser perseguidos, o ser parte de la solución, declaró el fiscal.

El lunes, la CPI –que no dispone de una fuerza policial y depende de la voluntad de los Estados para la ejecución de los arrestos que pide– emitió órdenes para detener a Kadafi, a su hijo Saif Al Islam y al jefe de los servicios de inteligencia Abdalá Al Senusi por crímenes contra la humanidad.

Moreno Ocampo destacó que Trípoli, como miembro de la Organización de Naciones Unidas, debe plegarse a la resolución del Consejo de Seguridad del 26 de febrero que especifica que las autoridades libias deben cooperar plenamente con la CPI, y estimó que en dos o tres meses se acabará el juego para Kadafi.

Las autoridades libias cuestionan esta cooperación y aseguran que esas decisiones no les conciernen pues no han ratificado el estatuto de Roma, el tratado fundador de la CPI.

La vocera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Oana Lungescu, expresó que la orden de arresto es otra señal de la comunidad internacional a Kadafi, de que su lugar está ante un tribunal y no en el poder, pero aseguró que no le corresponde a la alianza ejecutar esa orden. Nuestra misión es proteger a los civiles de ataques, añadió.

Y mientras Bulgaria y Croacia reconocieron al autodenominado Consejo Nacional de Transición como representante legítimo del pueblo libio, el gobierno del presidente Barack Obama intentó convencer al Senado de Estados Unidos de que fue legal la decisión de participar en la agresión militar a Libia que, además, esta limitada a tareas de apoyo.

Harold Koh, asesor legal del Departamento de Estado, dijo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la situación en Libia no constituye una guerra que requiera de autorización del Congreso, ante críticas de que la Casa Blanca no consultó al poder Legislativo para bombardear Libia y que violó la Ley de Poderes de Guerra.