Jueces de distrito en materia penal y abogados consultados por La Jornada coincidieron en que si bien es un esfuerzo necesario para combatir a la delincuencia organizada, la iniciativa de ley del Ejecutivo federal contra el lavado de dinero –presentada a finales del año pasado y aún pendiente de aprobación en el Congreso de la Unión– omite a actores fundamentales en la lista de sujetos obligados a reportar al gobierno sus operaciones financieras.

Asimismo, los expertos aseguraron que la reforma puede generar una inmensa base de datos imposible de analizar a detalle y amenaza con minar el secreto profesional a que están obligados miles de proveedores de asesoría legal y contable.

Rodolfo Garza, abogado; Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas; Eduardo Miranda Esquivel, presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, y jueces federales entrevistados por este diario criticaron la no inclusión de actores como partidos, sindicatos e iglesias, en la larga lista de sujetos obligados a informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre operaciones bancarias en efectivo.

La iniciativa de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue enviada por el presidente Calderón al Senado de la República en agosto de 2010.

Después de analizar el contenido de la iniciativa, Miranda Esquivel refirió que se trata de un esfuerzo positivo, pero insuficiente, pues no se explica por qué dentro de los sujetos obligados no están los partidos políticos y las iglesias. Hay razones de interés público para incluir a esos sectores en la fiscalización de sus recursos.

Agregó que la no obligación de esas organizaciones de reportar operaciones podría hacerlas vulnerables a estrategias de lavado de la delincuencia organizada en temas como las campañas electorales, donde es sabido que se manejan grandes cantidades de efectivo.

Para Rogelio Garza, abogado con más de 20 años de experiencia en litigios relacionados con casos de delincuencia organizada, de aprobarse esa iniciativa en los términos en que fue presentada creará un mundo de reportes y de información que nadie, ningún país, está listo actualmente para enfrentar.

La iniciativa que se encuentra en el Senado propone que sea obligatoria la entrega de reportes mensuales a la SHCP sobre las operaciones realizadas por todos los abogados, contadores, joyeros, agentes y desarrolladores inmobiliarios, dueños de casinos, casas de empeño, galerías de arte y empresas de traslado de valores, blindadores de vehículos, notarios y corredores públicos.

El abogado Reyes Peralta, quien encabeza una de las pocas organizaciones nacionales integradas por penalistas, recordó que esta propuesta de ley enlista 47 operaciones distintas que abarcan casi todas las que realizan estas empresas y profesionistas, pero no detalla cuáles serían los montos, características, modalidades o frecuencia de las operaciones que se tendrían que reportar a Hacienda, pues estos detalles quedarían a juicio del Ejecutivo federal en el reglamento respectivo.

De su lado, dos jueces encargados de resolver procesos penales federales indicaron que de las miles o millones de operaciones reportadas, muy pocas podrán tener el efecto de sustentar un proceso penal por lavado de dinero, donde se tiene que probar toda la cadena de ocultamiento del origen de recursos.

La propuesta del Ejecutivo incluye multas hasta de 100 mil días de salario mínimo, o 500 mil pesos, o entre 10 y 100 por ciento del valor de operación, en casos de omisión de reporte o ejecución de operaciones prohibidas. Además, pretende imponer hasta cuatro años de prisión por participar o permitir operaciones prohibidas, y hasta ocho años por falsear reportes o información (delito grave).

Finalmente, los juristas consultados por este diario avalaron el tema de las sanciones.