La consolidación de la democracia en México se ha visto amenazada por las pretensiones del crimen organizado de influir en las contiendas electorales mediante el ingreso de dinero ilícito a las campañas de los “partidos, sostuvo el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita.

Durante la presentación del libro Dinero del crimen organizado y la fiscalización electoral, de Oswaldo Chacón, el consejero presidente dijo que ante la necesidad de los partidos de buscar fondos adicionales para promoverse, el crimen organizado cuenta con los recursos suficientes para distribuir y busca cooptar o controlar a las autoridades.

No torpedear las reformas tendientes a ejercer más control

En su oportunidad, Chacón subrayó que las campañas políticas, no sólo en México, demandan un flujo creciente de recursos económicos, lo que puede ser aprovechado por las bandas criminales para influir en las contiendas y alcanzar acuerdos con políticos, mediante compromisos para aceptar el financiamiento ilícito.

El autor del libro demandó no torpedear las reformas electorales tendientes a ejercer mayor control sobre los recursos partidistas, con el propósito de evitar la injerencia del crimen organizado en las campañas.

Para los criminales, agregó, resulta más fácil alcanzar acuerdos políticos con candidatos que el uso de la violencia para influir en las decisiones de autoridad.

Mencionó que uno de los factores que alienta esta influencia es el uso recurrente de dinero en efectivo y citó un estudio relacionado con las dádivas a los electores. Mencionó que en las recientes elecciones federales, 39 por ciento de los ciudadanos, recibieron al menos un regalo de candidatos o partidos

Valdés destacó que blindar la democracia mexicana de las influencias del dinero ilícito es paso fundamental para consolidar la transición. Destacó que si bien el crimen organizado y su capacidad de influencia son extensos, esto no quiere decir que el fenómeno esté fuera de control.

Asimismo, subrayó la importancia de los avances alcanzados en materia de fiscalización en cuanto a reglamentación e intercambio de información con otras autoridades, como la Secretaría de Hacienda, para dar seguimiento a las investigaciones financieras de recursos de origen ilícito.