El gobierno mexicano admitió el pasado martes, durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sólo ha brindado medidas de protección a 20 de los 107 defensores de garantías individuales –entre ellas la indígena Inés Fernández–, que requieren dicho mecanismo en el estado de Guerrero.

Así lo advirtió Alejandra Nuño, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quien señaló que las autoridades del país han mostrado de manera reiterada su falta de interés por la seguridad de los activistas.

En conversación telefónica desde Costa Rica, la especialista señaló que, a este paso, México se va a convertir en un cliente regular de la Corte, y recordó que en 2010 el organismo emitió tres sentencias contra el gobierno del país, por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por soldados en 2002, y por los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados y encarcelados de manera injusta en 1999.

Nos sorprende que la Secretaría de Gobernación mencione ahora que sólo ha brindado medidas de protección a 20 de los 107 defensores y defensoras que las necesitan en el estado de Guerrero. Es preocupante, porque todas esas personas deberían estar protegidas para continuar con su trabajo, indicó.

La actitud omisa de las autoridades mexicanas ha sido tan grave, acusó, que únicamente han apoyado con teléfonos celulares a algunos de los activistas amenazados, quienes han sufrido decenas de nuevos actos intimidatorios en su contra, sin que ninguna institución los proteja.

En un par de meses, diversas organizaciones de derechos humanos presentarán más observaciones ante la CIDH para documentar la falta de acción de México en la defensa de los activistas, informó Nuño, quien consideró que la reiterada negativa del país a cumplir con las sentencias en su contra es una muestra clara de su falta de compromiso al respecto.

Aunque el propio gobierno ha admitido que las amenazas en contra de varios defensores obedecen a su demanda de justicia, no ha hecho nada para protegerlos. Es importante que cumpla las sentencias de la CIDH y, además, que garantice la seguridad de estas personas y modifique el fuero militar, recalcó.

Más allá del caso de los 107 activistas guerrerenses, en la audiencia del martes se abordó el tema de los tres miembros de una familia que fueron víctimas de desaparición forzada por parte de soldados, en diciembre de 2009, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.