ada vez que surgen voces que reclaman al gobierno federal su proceder en los temas de seguridad y violencia que envuelven la vida nacional, la respuesta del Ejecutivo federal y sus voceros se concentra en afirmar que ahora el gobierno combate criminales que antes nadie combatía y que lo verdaderamente irresponsable hubiera sido no actuar.

Al respecto las primeras preguntas que nos hacemos muchos ciudadanos son: ¿cuál es la estrategia de la lucha anticrimen? ¿En qué consiste? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes la elaboraron? ¿Cómo vamos? ¿Cuáles son las perspectivas de triunfo? Algunos de estos cuestionamientos que se le hicieron al titular del Ejecutivo federal por parte de Javier Sicilia encontraron como respuesta un manoteo en la mesa y un contundente: Estás equivocado, Javier.

Más allá de la vorágine de declaraciones, manoteos, manoseos, propaganda e interpretaciones, existe una realidad y un proceso de deterioro institucional que ha contribuido en gran medida al desastre nacional que sufre nuestro país.

Somos muchos los que nos preguntamos: ¿por qué seguir un camino cuyos resultados negativos están a la vista? Las respuestas que obtenemos son vagas, imprecisas, anodinas, cargadas de lugares comunes y harta demagogia. En tono socarrón nos responden: ¿Hubieran preferido que el gobierno no actuara?

El Estado no puede eludir su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, pero ha sido el Estado el que ha posibilitado que la escalada del crimen tenga las dimensiones actuales, al permitir el debilitamiento de las instituciones, en perjuicio de su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales.

Uno de los errores garrafales del Estado mexicano fue haber entregado la administración de sus puertos y aeropuertos a empresas trasnacionales. Los administradores de los puertos y aeropuertos de México se nombran en el extranjero. Los aeropuertos del noroeste están bajo el control de empresas españolas (Grupo Aeroportuario del Pacífico); los del centro-sur están al mando de la francesa Aeroports de París; y los del sur se hallan en manos de Dinamarca: Copenhagen Airports.

Las decisiones más importantes de lo que sucede en los aeropuertos mexicanos se toman en el extranjero. El 90 por ciento del personal de seguridad en los aeropuertos mexicanos pertenece a corporaciones privadas, cuya matriz está en el extranjero.

En los puertos sucede lo mismo, aunque con empresas de distinto origen: el puerto de Cozumel lo administran los estadunidenses y los de Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas y Manzanillo están en manos de la empresa china Hutchinson. En el puerto de Lázaro Cárdenas se hizo circo, maroma y teatro para entregárselo a la empresa china, violentando la legalidad y normatividad mexicanas. Coincidencia o no, resulta que los mayores decomisos de efedrina se han realizado en los puertos del Pacífico mexicano.

Como cereza del pastel, el ínclito Luis Téllez le entrega a la trasnacional Sempra Energy una concesión para que controlen extranjeros un puerto más en el Pacífico. En el momento en que el Estado mexicano entregó estas importantes áreas de la seguridad nacional a trasnacionales renunció en los hechos al control de sus fronteras.

La coordinación interinstitucional en el interior de puertos y aeropuertos se dificulta operativamente porque el administrador es ajeno a las instituciones mexicanas. Esta dificultad se ve agravada por la infiltración del crimen organizado en las esferas de las corporaciones policiacas que tienen bajo su responsabilidad tareas de vigilancia en estos espacios de tránsito de personas y mercancías.

La seguridad nacional de México no sólo radica en el control de nuestros puertos y aeropuertos, sino fundamentalmente en el diseño de una estrategia global que incluya todos los factores que en ella intervienen; sin embargo, si no se tiene control sobre los mismos, difícilmente puede tener éxito alguna estrategia de combate al crimen organizado.

Aunado a lo anterior, hay que reiterar que las fronteras de los estados del norte del país no cuentan con ningún tipo de control de los accesos de las personas que ingresan provenientes de Estados Unidos, ni mucho menos en las del sur ni de quienes provienen de los países de Centroamérica o de América Latina.

Terminar con la discrecionalidad en las revisiones de personas y mercancías es una medida indispensable que brindará seguridad al ciudadano, enfrentará a los criminales y regresará certidumbre a la nación.

La utilización de tecnología de punta para la revisión de las personas que ingresan al país evitaría los abusos que las autoridades de Migración realizan frente a compatriotas, quienes por su color de piel y estatura sufren los abusos no sólo de la discriminación, sino de las prácticas corruptas, como ser asaltados, y en cambio permitiría al Estado mexicano la identificación de personas con antecedentes penales o con algún delito pendiente de castigar.

Es urgente la celebración de una acuerdo bilateral entre los gobiernos y los pueblos México y Estados Unidos, para el combate al crimen organizado y las adicciones donde cada quien asuma las responsabilidades que en el ámbito de su competencia le correspondan. Las erráticas actitudes de reclamos hipócritas y justificaciones ridículas entre funcionarios de ambos países en nada solucionan y sólo contribuyen a profundizar el clima de inseguridad.

Es momento de revisar la estrategia y formular una diferente que tome en cuenta todos los componentes multifactoriales que la conforman. Por ello creo que Javier Sicilia no es el equivocado, al contrario, está abriendo un debate donde antes sólo había un monólogo.