El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, justificó también la actuación del juez 26 penal, Héctor Palomares Medina, en el juicio contra Juan Antonio Zúñiga Rodríguez, que dio pie al documental Presunto culpable, pues así lo habría hecho cualquier otro juez en su lugar.

Negó que la ratificación del juzgador sea un mensaje de impunidad, pues su decisión de condenar al protagonista de la película por el delito de homicidio, que después fue absuelto por una sala penal, es resultado de un problema estructural que tiene el sistema de justicia actual.

Entrevistado luego de participar en el curso de programación y presupuesto desde el enfoque de los derechos humanos,dijo que es necesario implementar ya la reforma penal y fijar un mecanismo para que la designación de este tipo de cargos sea por razones de méritos, además de que el Consejo de la Judicatura del DF tome las medidas para que veredictos como el que tomó el juzgador en ese caso no se repitan.

Asimismo, González Placencia calificó como muy buena la respuesta del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en torno a la recomendación que le emitió por el tema del arraigo, pues si bien señala que continuará utilizando esta figura, al igual que la Procuraduría General de Justicia capitalina, se compromete a aplicarla en el marco de la Constitución y sólo cuando en realidad sea necesario.

Manifestó su confianza de que con este compromiso haya una disminución en la solicitud y otorgamiento de esta tipo órdenes, lo que permitirá una mayor seguridad jurídica, que haya mucho menos detenciones arbitrarias y se tenga mucha más certeza a la hora de efectivamente investigar a personas que puedan ser presuntamente responsables de un delito.

Sin embargo, reconoció que la posición del tribunal no atiende a la totalidad de la recomendación, que pide la eliminación de esta medida precautoria, la cual, dijo, aunque esté prevista en la carta magna del país, no quiere decir que los jueces penales estén obligados a otorgar, pues esa decisión deriva de una reflexión jurídica.