La decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar las controversias promovidas por municipios de Tabasco en contra de los contratos incentivados de Petróleos Mexicanos (Pemex) es grave porque la tomó un solo ministro que decidió eliminar el concepto de interés legítimo previsto en la Ley Reglamentaria de Controversias Constitucionales.

Así lo advirtieron Claudia Sheinbaum, secretaria del Patrimonio Nacional del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador y José María Soberanes, asesor para los municipios de Tabasco.

Señalaron que los 11 ministros de la Corte debieron participar en la decisión, pues “si bien el llamado ministro instructor en una controversia constitucional puede decidir si la acepta, esta decisión está limitada a la carencia de aspectos formales de la misma y no a la decisión de fondo”.

Aunque los municipios inconformes carecen del interés jurídico para cuestionar los contratos de la paraestatal, sí tienen un interés legítimo pues pugnan porque no se les disminuya su patrimonio municipal, indicaron.

Los miembros del equipo lopezobradorista calificaron de desatinos técnico procesales la decisión del máximo tribunal del país, pero es de pensarse que los tuvieron a propósito para evitar tener desatinos jurídicos en el fondo diciendo que es correcta una licitación que contraviene el artículo 27 constitucional.

Es más fácil decir se confirma el desechamiento que reconocemos la constitucionalidad de contratos en los que se paga con la renta petrolera de México, aunque el efecto es el mismo en ambos casos: desconocer la Constitución, subrayaron.