Toluca, Mex. 1° de julio. Las elecciones en el estado de México estarán regidas bajo el signo del dinero. Estimaciones hechas por especialistas indican que, al menos, los comicios implicarán un gasto de 3 mil 600 millones de pesos, si se consideran los presupuestos de los órganos electorales, los gastos hechos por los partidos en propaganda y actividades proselitistas y se contabiliza la emisión de 280 mil espots que se difundieron en tiempos del Estado.

Sin embargo, pese a que los comicios mexiquenses son los más caros de todo el país –el tope de gastos es de 203 millones de pesos (cuatro veces más que en Veracruz, con 52.5 millones, y el Distrito Federal, con 48.8 millones)– lo erogado por la coalición Unidos Por Ti, que integran el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza ha sido motivo de polémica, pues la oposición ha presentado denuncias de rebase de topes de campaña.

El ex consejero del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Bernardo Barranco, quien encabeza un grupo de observadores, aseguró que hay un gasto desmesurado en estos comicios y una excesiva propaganda en medios alternos, que llega a ser invasiva y ofensiva para el electorado, lo que se conjuga con una permisividad insultante de la autoridad electoral, reacia a aplicar sus facultades para garantizar un proceso equitativo y el control del gasto dentro de los parámetros de la ley.

Un estudio elaborado por la Coparmex sobre las proyecciones del gasto de las campañas y el costo de la organización electoral, contrastado con el promedio histórico de votación en la entidad (entre 40 y 50 por ciento del padrón), arroja que el costo del voto en el estado de México en esta elección rondaría los 60 dólares.

Conforme al análisis deberían contabilizarse los mil 700 millones de pesos de presupuesto del IEEM (700 millones de los cuales corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos); 250 millones de pesos del Tribunal Estatal Electoral y mil 900 millones de pesos que representarían el costo de la difusión de los 280 mil espots que se transmitieron en medios electrónicos, en campañas y precampañas, para un total de 3 mil 600 millones de pesos del gasto de la elección.

La cifra ofrecida por la Coparmex implicaría un crecimiento del cien por ciento con respecto a los comicios en los que resultó electo Enrique Peña Nieto. En el 2005, el órgano electoral mexiquense erogó mil 725 millones de pesos, de los cuales 500 millones se destinaron a los partidos políticos, que tenían la posibilidad de comprar espots, de acuerdo con la ley vigente en ese entonces.

A pesar de que en 2008 fue modificada la ley electoral para reducir costos en las elecciones, en los hechos, el gasto diario se disparó. En 2005, los candidatos hicieron campaña durante 90 días, con un tope de gastos de 214 millones de pesos, que se tradujeron en 2.37 millones de pesos diarios, incluida la compra de espots. En esta ocasión, la campaña se redujo a 45 días con un tope de gastos de 203 millones de pesos, que les permitió erogar 4.5 millones diarios y sin incluir la propaganda en medios electrónicos.

Estimaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) indican que hasta 2007, cuando los partidos aún podían comprar espots, destinaban 65 por ciento de sus prerrogativas a éstos, que ahora se difunden en tiempos del Estado.

Monopolio tricolor

Pese al millonario tope de gastos, el reclamo generalizado de la oposición es que el priísta Eruviel Ávila ha sobrepasado el límite legal permitido. Los monitoreos a medios alternos (espectaculares, bardas, publicidad en el transporte, etcétera) levantados por el IEEM confirman que 80 por ciento de la propaganda corresponde al candidato de la coalición Unidos Por Ti.

Sólo en el transporte público se contabilizaron más de 9 mil anuncios y, según cálculos de la oposición, se habrían contratado 3 mil espectaculares para promover al ex alcalde de Ecatepec.

Frente a esta desproporción el IEEM ha sido omiso para garantizar una contienda equitativa, advirtió Bernardo Barranco. Fue hasta que la oposición exigió la realización de revisiones precautorias a las campañas que los consejeros reaccionaron para iniciar sus funciones fiscalizadoras, pero mañosamente resolvieron que los resultados de las auditorías preventivas a los candidatos se mantuvieran en secreto.

Sólo se difundirían tres meses después de que el candidato electo asumiera el cargo, pese a que el rebase de topes es causal de cancelación de la constancia de mayoría. Fue necesaria la intervención del Tribunal Electoral del Estado, quien mandató al IEEM resolver en agosto próximo si algún candidato no se ajustó a los topes de campaña.