Luego de más de cinco años de la represión gubernamental en San Salvador Atenco, los abusos cometidos por las fuerzas policiacas siguen impunes y la criminalización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) no se ha detenido, pese a lo cual sus activistas han creado espacios de defensa de los derechos humanos y siguen reivindicando los motivos de su lucha.

Afirmó lo anterior la académica Aída Hernández Ruiz, quien ayer participó en la jornada de actividades por el primer aniversario de la excarcelación de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, tres de los más importantes líderes de la resistencia contra el fallido proyecto de aeropuerto del ex presidente Vicente Fox.

Entre los actos realizados en el contexto de dicha efeméride se presentó el libro Estado autoritario, movimientos sociales y represión en México. Voces y ensayos para una discusión abierta, del antropólogo José Saúl Vaquera Gallardo, volumen que reúne nueve textos en los que se expone la historia completa del conflicto en Atenco.

Dicho trabajo busca describir la manera en que el Estado mexicano adopta formas de violencia, tanto sutiles como descaradas, para hacer frente a los movimientos sociales, y cómo éstos han logrado subsistir a la represión.

Además, se anunció la creación de las organizaciones Defensoría Héctor Galindo, especializada en la cobertura legal de presos y ex presos políticos, y Defensoría 1752 no Están Solas, que se dedicará a la atención de las mujeres que sufrieron ataques sexuales de la policía durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006.

A un lustro de lo ocurrido, el balance del movimiento es bueno a pesar de todo, , aseveró Hernández Ruiz. Logramos echar atrás la construcción del aeropuerto, aunque también tenemos la contraparte de la brutal represión que sufrimos del Estado. Da tristeza que esto siga en la impunidad y no haya castigo para los responsables.

La liberación de los tres líderes del FPDT, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la mejor prueba de que su encarcelamiento se debió a motivos políticos y, por lo tanto, violó todas las disposiciones legales con el sólo objetivo de escarmentar a los activistas, acusó.

Entre los pobladores de San Salvador Atenco aún hay graves secuelas de la incursión policiaca de hace cinco años. Ocho de cada 10 lugareños –niños incluidos– sufren todavía de estrés postraumático, o desarrollaron enfermedades crónico degenerativas como consecuencia de las agresiones de las fuerzas de seguridad, alertó.

Queremos que el Estado reconozca que cometió un error y que realice una adecuada reparación del daño moral, social, físico y económico a los afectados, porque para toda la gente de Atenco quedó un estigma muy fuerte.

Este –concluyó la profesora– es un momento en el que el FPDT sigue reivindicando su lucha y exigiendo justicia, pero también hace algunos ajustes internos. Como movimiento, tenemos la obligación de ser autocríticos, desechar algunas cosas, erradicar otras y perfeccionar algunas, además de seguir buscando estrategias contundentes para acceder a un estado de derecho.