Oaxaca, Oax., 8 de julio. Rosa Lizbeth Caña Cadeza, ex procuradora de Justicia durante el pasado sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, renunció por voluntad propia al cargo de auditora superior del estado que le confirió el actual gobernador, Gabino Cué Monteagudo.

En conferencia de prensa en sus oficinas, la también esposa de Rogelio Palma, líder estatal del Partido Verde, informó que presentó su dimisión ante el Congreso local y desde este viernes asumirá un nuevo proyecto personal.

Sobre su desempeño como auditora dijo que trabajó por las cuentas claras y el buen uso de los recursos públicos en be- neficio del pueblo de Oaxaca. Revisamos hasta donde la ley permitió, dijo, y pese a las irregularidades detectadas a la anterior administración, rechazó encubrir a Ruiz Ortiz u otros ex funcionarios por presuntos desvíos.

Me voy con las manos limpias, la frente en alto, la satisfacción del deber cumplido y segura de haber realizado un trabajo honesto. Añadió que no teme ser detenida por su desempeño como procuradora durante el conflicto de 2006, al no tener implicación en las detenciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales de seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

“Lo que hice fue atender las denuncias, perseguir e investigar los delitos, y tengo la conciencia tranquila, porque mi gestión como procuradora fue clara, no di ninguna una orden ilegal, y al revisar el tema la Suprema Corte de Justicia no me involucró, pero si soy requerida compareceré ante cualquier autoridad", indicó.

No habrá persecución: Cué

A su vez, el gobernador Cué Monteagudo, consultado sobre la renuncia, dijo que la auditora no será perseguida, porque su administración no es facciosa, pero si surgiera un tema que revisar se le llamaría, porque no habrá impunidad ni se usarán los cargos públicos para enriquecerse a costa de la pobreza de la gente.

El magisterio disidente y la APPO acusan a Caña Cadeza de ordenar la represión del 22 de agosto de 2006, cuando la llamada caravana de la muerte, integrada por policías estatales y civiles atacó barricadas y mató al activista Lorenzo San Pablo Cervantes, jefe del Departamento de Espacios Educativos de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal.

Caña Cadeza –citada en informes de organismos civiles nacionales e internacionales como responsable de delitos de lesa humanidad– justificó aquel operativo diciendo que fue una limpieza de vialidades y una respuesta oficial a la exigencia de seguridad y garantías de la ciudadanía.