Cuernavaca, Mor., 10 de julio. El juez quinto del fuero militar dictó auto de formal prisión a dos elementos del 21 batallón de infantería de Morelos, por los presuntos delitos de violencia, tortura y homicidio calificado, cometidos en agravio del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 26 años.

Enrique Paredes Sotelo, abogado del teniente José Guadalupe Orizaga Guerra y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, dijo que este domingo el juez Guillermo Vázquez determinó procesarlos y ambos están conscientes de la imputación, pero aseguran que sólo obedecieron órdenes y confían en que las pruebas en su descargo impidan una condena.

El también presidente del Colegio de Abogados de Morelos comentó que puede durar hasta un año el juicio por el asesinato de Sánchez Santana, detenido el primero de mayo pasado por policías municipales que lo entregaron a elementos federales, y éstos a militares, junto a su amigo Horacio Hernández, por supuestamente decir que eran integrantes del cártel de la Familia Michoacana o del Pacífico Sur, tras protagonizar una riña en la Feria de Cuernavaca.

Según el expediente ambos militares recibieron a los dos muchachos golpeados y los llevaron a las instalaciones del 21 batallón, donde informaron los hechos a sus comandantes y éstos les ordenaron sacarles más información, pero Jethro perdió la vida y entonces la indicación fue desaparecer el cuerpo llevándolo a enterrar a un lote ubicado en Atlixco, Puebla; al amigo lo tiraron en Miacatlán, Morelos, pero no estaba muerto y los denunció.

Ante las versiones de que habría otros militares implicados en el caso, el defensor Paredes Sotelo dijo que en el expediente 331/2011 sólo hay dos militares: los detenidos el 30 de junio, para quienes tramitó el amparo 997/2011 a fin de resguardarlos y saber dónde se les mantenía, pues en la acción hubo un sinnúmero de violaciones a las garantías individuales y las leyes vigentes.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, exigió que el caso sea investigado por la justicia federal civil para castigar a todos los culpables materiales. La responsabilidad intelectual, apuntó, es del presidente Felipe Calderón; del gobernador Marco Antonio Adame y del edil de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, por ordenar que los militares hagan labores de policías cuando esa acción es anticonstitucional.

Durante muchos días la policía municipal responsabilizó al ejército de las desapariciones, institución que negó la situación reiteradamente.