Chihuahua, 11 de julio. La Convención Nacional de Seguridad Pública, reunida en esta ciudad, acordó por unanimidad abrir un fondo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para garantizar un sistema de becas a jóvenes de entre 15 y 20 años que les permita incorporarse a los sistemas educativos y una bolsa de trabajo para aliviar la falta de empleo en el país, como segundo paso del operativo de seguridad Conago 1, cuya primera parte se desarrolló del 1º al 13 de junio.

“El operativo Conago 1 nos demostró que si actuamos juntos tenemos resultados. Ahora, el segundo paso es la educación y el empleo”, indicó el presidente en turno de la Conago y jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien dijo que cada entidad sistematizará todas las ofertas de empleo y educación en sus respectivas entidades a efecto de ponerlas a disposición de los jóvenes.

Los 19 gobernadores y el jefe de Gobierno convinieron también aceptar una reunión, a celebrarse en agosto en la ciudad de México, con el movimiento que encabeza Javier Sicilia.

Esta reunión, que tenía como tema central la seguridad, implicó para el gobernador hacer frente a una serie de operativos logísticos casi tan importantes como los temas tratados. Quizá uno de los conflictos más importantes para César Duarte fue resolver entre los miembros de su gabinete quién sería el responsable de recibir al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al gobernante del Distrito Federal, Marcelo Ebrad, los dos presidenciables en el encuentro.

Otro aspecto notable fue el operativo de seguridad para la protección de los asistentes. Cada mandatario llegó escoltado al menos por cinco vehículos blindados; se apostaron mil 300 efectivos de la policía estatal, federal y el Ejército en torno a la sede y se colocaron francotiradores en todos los edificios aledaños a palacio de gobierno.

Al dar a conocer los resolutivos de las siete mesas de trabajo que sesionaron la víspera, el gobernador de Querétaro, José Calzada, responsable del tema sustentabilidad financiera de la seguridad, dijo que son necesarios criterios claros, justos y equitativos para la asignación de los presupuestos estatales el próximo año, que permitan asumir los desafíos y los ajustes que imponen las nuevas normas.

La descentralización de funciones, dijo, debe ir acompañada de fondos, por lo que propuso la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que uno por ciento de la recaudación federal participable se destine a las entidades para acciones de seguridad, de manera que se cuente con recursos crecientes y no como ahora sucede. Explicó que si bien 90 de los delitos son del fuero común, la Federación sólo destina 12 por ciento del presupuesto federal a los estados para atacar ese fenómeno.

Policías estatales únicas

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, relator de la mesa fortalecimiento y articulación institucional, expuso que, si bien hay coordinación en los tres órdenes de gobierno, se debe acelerar el paso para que todos los congresos estatales aprueben la creación de las policías estatales únicas y la actualización de las pruebas de control de las policías acreditables, con la participación ciudadana; reclutamiento que requiere cada entidad para hacer frente a la inseguridad; construcción de filtros que logren detectar el tráfico ilegal de armas, explosivos y personas, con destacamentos en zonas específicas para contener el desplazamiento de delincuentes.

Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas y responsable de la mesa de seguridad democrática, cultura de la legalidad, comentó que se requiere basar la política de Estado en materia de seguridad con la defensa de los derechos humanos, la dignificación de la policía y en el análisis de la dinámica del narcomenudeo en las regiones. Destacó que el combate a la violencia no sólo se ganará con la fuerza, sino que se tiene que analizar el problema de la mala distribución de la riqueza. Reorientar toda la estrategia nacional retomando el enfoque humano, labores de inteligencia y prevención del delito.

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, responsable de la mesa de procuración y administración de la justicia, dijo que las exigencias que impone a los estados la Ley de Seguridad significan que deberán atender 70 por ciento de los procesos penales federales de delitos contra la salud, relacionados con el narcomenudeo.

“Transferir esa función a los estados reclama recursos por 13 mil millones de pesos, a ejercer en los próximos tres años. Se trata de un serio problema de recursos, pero que queden claros nuestro compromiso y convicción en la lucha contra el narcomenudeo”, subrayó, al plantear que los recursos incautados a la delincuencia se destinen a la ceración o reforzamiento de las unidades de inteligencia en las entidades, a efecto de perseguir el lavado de dinero y la extinción de dominio para detener el flujo de recursos a las organizaciones criminales.