Las acusaciones de corrupción contra la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, a raíz de su controversia con el ex director del Issste, Miguel Ángel Yunes, son asuntos que se tienen que aclarar; no puede ser que nos quedemos con la información que difunden los medios, que se tienen que hacer investigaciones, expresó la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), Jacqueline Peschard.

Por otra parte, manifestó que los funcionarios que aspiran a la candidatura presidencial están obligados a hacer transparente el uso de recursos públicos para viajes o actos públicos que realizan. Son recurrentes, añadió, las solicitudes que recibe el instituto sobre los viajes que realizan los aspirantes a la Presidencia del país.

Entrevistada al término de la presentación del libro Protección de datos personales en las redes sociales digitales: en particular de niños y adolescentes, puntualizó que los sindicatos no son sujetos obligados por la ley en materia de transparencia. En cambio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) sí tiene la obligación de hacer pública la información sobre el número de comisionados, los sueldos de maestros, las promociones, el padrón de docentes y el programa de carrera magisterial, entre otros.

–¿El acuerdo entre Elba Esther Gordillo y el presidente Calderón es un tema de acceso a la información?

–Si es un acuerdo formal de gobierno, sí. Si es un acuerdo individual, privado, no.

–Así como está…

–No le sé decir, porque no conozco ese acuerdo.