El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se congratuló con las dos resoluciones que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para acotar el fuero castrense, porque vienen a reconocer un estándar internacional en materia de justicia y, sobre todo, a plantear un nuevo criterio en materia de competencias cuando militares se encuentren involucrados en delitos contra civiles.

El ombudsman nacional dijo a este diario que, en los hechos, es la derogación del fuero militar, pues es una restricción, una interpretación que viene a restringirlo y a dejarlo sólo para el ámbito exclusivo de la disciplina militar.

Sin duda –abundó–, esto va a abonar a que la impunidad pueda agotarse y que la justicia llegue a mayor número de casos.

La resolución adoptada ayer por la Corte en el caso de violaciones a derechos humanos cometidas por militares contra civiles –explicó Plascencia Villa- nueva– viene a interpretar nuevamente el artículo 13 constitucional y no dejar duda alguna respecto al conflicto o contradicción que aparentemente se tenía con el artículo 57 del Código de Justicia Militar, habilitando a todos los jueces civiles para que conozcan de aquellos delitos cometidos por militares contra civiles.

Esto es –añadió– una forma de asumir plenamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Guerrero durante la guerra sucia, en la década de los 70”.

Resaltó que tuvieron que pasar varias décadas desde 1917 para que la SCJN replanteara esta práctica que se había venido gestando en el país, y tuvo que darse una sentencia de la CIDH para forzar a esta interpretación que ahora nos da la Corte en beneficio del Estado mexicano.

Cuestionado respecto a que falta que el Congreso reforme el fuero militar, el ombudsman nacional subrayó: con esta decisión ya está el camino más que trazado en cuanto al tema; finalmente, quienes interpretan las leyes y quienes las aplican son los jueces, y hoy hemos visto una determinación muy clara de hacia dónde y cómo debe ser dicha interpretación.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), dijo que estas dos resoluciones de la SCJN son un triunfo de las organizaciones civiles, derivado del caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla; fue un largo proceso, un tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pasó a la corte interamericana, y a fin de cuentas ha llegado al Poder Judicial y lo obligó a tomar decisiones de fondo.

Cortez subrayó: “fueron décadas de espera, pero esto es un nuevo avance que valoramos las organizaciones civiles; tenemos otra herramienta para impulsar nuevos cambios.

Sergio Méndez Silva, del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), destacó: es una decisión histórica, aunque no es jurisprudencia, sino que es una consulta a trámite que hizo el presidente Felipe Calderón, pero es un criterio, y los criterios son obligatorios para los jueces, quienes tienen que replicar lo que resolvió la SCJN.

Lo que ocurrió –dijo– es que la Corte determinó que la sentencia del caso Rosendo Radilla emitida por la CIDH es obligatoria para el Estado mexicano, y lo que están haciendo los ministros es adelantar su opinión; una vez que lleguen los primeros casos y que los jueces controlen la constitucionalidad, la Corte va a conocer en última instancia del fuero; es una decisión trascendente.

Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), festejó las resoluciones de la Corte: lo que los ministros han hecho es ser coherentes con la reforma constitucional en materia de derechos humanos; están ratificando que se apliquen los tratados internacionales en la materia.

Destacó que estas resoluciones se toman porque el Estado mexicano tiene pendientes de cumplir varias recomendaciones de la CIDH en las que exige al gobierno reformar el fuero militar para que las violaciones a las garantías fundamentales que cometan militares contra la población sean juzgadas por tribunales civiles”.

Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que la resolución de la SCJN es limitada, porque no plantea la derogación de la jurisprudencia que viola los derechos humanos.