El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, ha presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) 31 denuncias por violaciones a dichas garantías cometidas por elementos de las fuerzas armadas.

El ombudsman dijo a este diario que esas querellas corresponden al mismo número de recomendaciones que la dependencia ha emitido en los últimos 20 meses (durante su gestión, que se inició en noviembre de 2009) a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina.

Se trata de expedientes en los que la CNDH ha acreditado delitos y violaciones a las garantías fundamentales, como privación ilegal de la vida, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, retenciones ilegales, atentados contra la vida, violaciones a la integridad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica, así como uso arbitrario de la fuerza pública y de las armas de fuego, entre otros, cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra civiles.

Las recomendaciones pueden ser consultadas en la página electrónica de la comisión. El organismo denuncia que en algunas pesquisas sus equipos de investigación sufrieron obstáculos o falta de apoyo de parte de dependencias federales y estatales.

Entre esos casos se encuentra el de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, asesinados el 19 de marzo de 2010 durante un enfrentamiento entre militares y presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Tras analizar las evidencias de ese caso, la CNDH acreditó que se violaron los derechos a la legalidad y la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, a la información, al acceso a la justicia y al honor, por actos consistentes en el uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración de la escena de los hechos e imputaciones indebidas, así como ejercicio indebido de la función pública en agravio de ambas víctimas y de la sociedad mexicana.

Los dos jóvenes, sostiene el organismo nacional, no estaban armados ni viajaban en la camioneta que agredió a los soldados, como argumentó la Sedena. Subraya que la escena del crimen fue alterada y que las víctimas recibieron disparos a corta distancia.

Otro caso es el de un matrimonio asesinado también por elementos del Ejército en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Los hechos se suscitaron el 3 de marzo de 2010, cuando la pareja salió de su trabajo para ir a comer y se dirigía a su automóvil, momento en que ocurrió un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios.

La CNDH asienta que dos de los probables delincuentes trataron de resguardarse en el vehículo de las víctimas, por lo que éstas salieron corriendo y se escondieron atrás de otro automóvil. Un integrante del matrimonio fue herido en el brazo.

Una vez que los soldados persiguieron y dieron muerte a los seis presuntos sicarios, tras el cese del fuego, la pareja salió de su escondite con las manos en alto y gritaron que uno de ellos estaba herido, por lo que requería apoyo. Pero los militares dispararon a ambos y les dieron el tiro de gracia. El organismo encabezado por Plascencia Villanueva afirmó que la escena de los hechos fue manipulada.

Otros casos son por retenciones ilegales y torturas contra civiles. En muchos de éstos el modo de operación coincide debido a que marinos o militares detienen a una o varias personas por presunta responsabilidad en delitos relacionados con el crimen organizado, pero no las ponen a disposición del Ministerio Público de inmediato, ya que antes de hacerlo cometen abusos e infligen tratos crueles.

Menores de edad también han sido víctimas de esas acciones de militares, según ha acreditado en algunas recomendaciones la CNDH.

En algunos casos los menores sufren daños sicológicos al ser testigos de detenciones y agresiones. También han sido víctimas de lesiones, de retenciones ilegales y de asesinatos.