Académicos, defensores de derechos humanos y legisladores celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringe el fuero militar para que cuando elementos castrenses violen garantías fundamentales sean juzgados por tribunales civiles.

Los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, José González Morfín y Carlos Navarrete, se congratularon con la decisión del máximo tribunal, pero consideraron que la reforma al Código de Justicia Militar –para normar el fuero castrense– no será materia de un periodo extraordinario, debido a que aún no hay consenso. Manifestaron que se buscará llegar a acuerdos para que en septiembre se pueda votar el tema.

Beltrones destacó: es necesario y obligatorio que modifiquemos tanto el Código de Justicia Militar como el Código Penal, y también estaremos estudiando los alcances de la Ley de Seguridad Nacional, en respuesta y concordancia con lo que resolvió la SCJN.

Las resoluciones de la Corte, aseveró, se acatan; no se opina si son buenas o malas. Abundó: vemos en esa resolución que, sin límite alguno, se está haciendo ver que todos los jueces del país deberán tomar en consideración los derechos humanos, que son protegidos no sólo por nuestra Constitución y nuestras leyes, sino también por cualquier tratado internacional.

El panista González Morfín insistió en que la resolución de la SCJN es definitiva e inatacable, y subrayó: tenemos que ver el alcance para también ver qué implicaciones tiene desde el Poder Legislativo, qué tendremos que hacer nosotros en materia de modificación de la legislación aplicable.

El perredista Carlos Navarrete resaltó que el fallo es un gran avance, lo reconocemos y nos congratulamos por ello. Abundó: esta resolución obliga a diputados y senadores a hacer un esfuerzo complementario para culminar el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, que debe considerar ahora también este criterio que la propia Corte ha determinado.

El constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Diego Valadés subrayó que la histórica resolución impulsará el combate a la impunidad que prevalece en delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra ciudadanos, tanto en el pasado como en la actualidad.

El académico celebró este fallo, máxime en el contexto que hoy vive México, además de que termina con la visión anticonstitucional sobre fuero militar que algunos sectores interpretaban en el artículo 13 de la Carta Magna, pues soldados y marinos sólo deben ser juzgados por tribunales castrenses cuando incurran en delitos referentes a la disciplina de las propias fuerzas armadas, y no si cometen ilícitos ordinarios como robo, homicidio, lesiones o violaciones.

Para los especialistas en derecho y litigantes César Osorio y Nieto, docente en el Instituto Nacional de Ciencias penales, y José Luis Prado Maillard, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la resolución es benéfica. Aclararon que corresponderá al Legislativo definir plenamente hasta dónde las instituciones castrenses deben mantener su propio régimen.

Javier Angulo, analista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, afirmó que este fallo es digno de celebrarse, ya que se empieza a fijar límites a lo que señala el artículo 13 constitucional y empieza a darse cumplimiento a las sentencias de la CIDH. Llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a ponerse a tono con este esfuerzo de la Corte.

A su vez, casi un centenar de organizaciones civiles –entre ellas los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Francisco de Vitoria y Tlachinollan– exigieron que luego de la resolución de la Corte las acusaciones contra militares y marinos por delitos contra civiles que hoy atiende la justicia militar sean remitidos a los tribunales civiles.

Los ministros de la SCJN finalmente le atinaron a una, celebró el obispo Raúl Vera. Entrevistado al concluir la misa que ofició con motivo de la peregrinación de la diócesis de Saltillo a la Basílica de Guadalupe, el prelado consideró que dicha determinación obedeció más que nada a que ha sido mucha la presión internacional, y añadió que también ayudó la reforma en materia de derechos humanos.

Los titulares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, y de la Procuraduría General de Justicia capitalina, Miguel Ángel Mancera, manifestaron su disposición de atender dicha resolución en el marco de sus atribuciones.

La secretaria general del PRD, Dolores Padierna, se pronunció por que las primeras investigaciones contra militares en juzgados civiles sean las mil 668 quejas que por violaciones a las garantías individuales tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos.