La Secretaría de Gobernación (SG) no ha iniciado formalmente el análisis para definir la sanción que impondrá a la Arquidiócesis de México y a su vocero, Hugo Valdemar Romero, por violación al código electoral.

Ante esta demora, la dependencia argumenta que el Instituto Federal Electoral (IFE) no le ha remitido el expediente, luego que el 1° de julio pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que el ministro de culto y la asociación religiosa tenían responsabilidad por haber llamado a no votar por el PRD.

Aunque el estudio del caso fue motivo para la integración de un grupo especial de trabajo en Gobernación, en particular para analizar la ruta jurídica con base en la cual darán cumplimiento a la orden del tribunal electoral, formalmente la comisión sancionadora está a la espera de la información que le remita el IFE para armar el resolutivo.

La sanción mínima que prevé la ley en la materia es un apercibimiento (misma que ya emitió Gobernación en un proceso paralelo por acreditar infracciones del vocero de la arquidiócesis), y la máxima es la cancelación del registro de la asociación involucrada.

En tanto, ayer se realizó en la SG una ceremonia de entrega de registros constitutivos a 51 asociaciones religiosas, a la que esta vez no asistió ningún representante de la arquidiócesis.

Funcionarios de la dependencia afirmaron que la ausencia se debió a que ahora no fueron entregados registros a iglesias de la jurisdicción de Rivera, pese a que sí se registró la presencia de diversos enviados de la Iglesia católica.

Durante la ceremonia, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, René Zenteno, dijo que aun cuando la reforma en materia de derechos humanos lleva estas garantías al artículo primero de la Constitución, todavía hay pendientes para el reconocimiento integral de la libertad religiosa, en el marco de un Estado laico.

La libertad religiosa debe ser entendida como un derecho universal, es decir, que no hace distinciones entre personas por ninguna condición y no supone ni privilegios ni discriminación alguna, dijo.

El titular de la dirección general de Asociaciones Religiosas de la SG, Paulo Tort, dijo que obtener un registro de este tipo es poseer el instrumento diseñado por el Estado mexicano para otorgar personalidad jurídica a las iglesias y agrupaciones religiosas que han optado por incorporarse al entramado institucional.

La figura de asociación religiosa, añadió, es la aportación más importante que nos heredó la reforma constitucional de 1992, que ampara de manera más efectiva las libertades de creencia y de culto de todos los mexicanos. Con las 51 entregadas ya suman 7 mil 565.

Al final de la ceremonia, tras los honores a la bandera y la entonación del himno nacional en el salón Revolución de la SG, uno de los ministros de culto presentes gritó: ¡Viva Cristo Rey!