Por decisión de la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) serán los órganos encargados de solicitar intervenciones telefónicas e información a las distintas compañías de telecomunicación para perseguir a presuntos delincuentes; aunque también podrán solicitar a otras dependencias de la administración pública federal o gobiernos estatales que realicen esas acciones.

La PGR dio a conocer el acuerdo A/056/11 en materia de intervención de comunicaciones privadas, mediante el cual se autoriza a la Siedo, al Cenapi y en caso de requerirlo a otras instancias de gobierno, solicitar información y asistencia técnica a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y comercializadoras de estos servicios.

De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Ministerio Público Federal, por conducto de la Siedo, tendrá la facultad de solicitar la información y asistencia técnica en delitos como secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, trata de personas y otros ilícitos como el tráfico de drogas.

La PGR indicó que estas peticiones de intervención telefónica las podrá realizar sin perjuicio de poder solicitar el apoyo para la ejecución de la intervención de comunicaciones privadas a otras dependencias de la administración pública federal o entidades federativas.

En tanto que el Cenapi tendrá facultades para gestionar las solicitudes de información y asistencia técnica a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y las comercializadoras de estos servicios, en los casos de los delitos graves que no sean competencia de la Siedo.

Todas las intervenciones que realicen los empleados de la PGR deberán ser aprobadas por jueces federales, y en las solicitudes deberán incluir qué tipo de comunicaciones será materia de la intervención, los sujetos y lugares a intervenir y el periodo que abarcará la intromisión y, en su caso, las líneas, aparatos, números y los demás datos que resulten necesarios, explicó la PGR.