La fracción del PRI en la Cámara de Diputados condicionó al presidente Felipe Calderón el voto en favor de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional a que su gobierno haga público estar dispuesto a separar los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, a que se reglamente la facultad de utilizar las fuerzas armadas y a un compromiso de respeto de los militares a las garantías individuales en operativos contra la delincuencia organizada.

Esto es, que se apruebe el proyecto priísta de dictamen, no el que se estudia en la Comisión de Gobernación a propuesta de Javier Corral Jurado (PAN), que tiene como base la minuta del Senado.

El Presidente se reunió ayer durante casi dos horas y media con las cabezas de la diputación priísta, en el restaurante El Estoril de Polanco, en un intento por definir si es posible convocar a un periodo extraordinario de sesiones.

En un comunicado, los priístas informaron que expresaron a Felipe Calderón estar dispuestos a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, si las comisiones donde están a revisión temas como las reformas política, laboral, en materia de lavado de dinero y de seguridad nacional aprueban sus respectivos dictámenes.

Asimismo –dijeron–, le explicaron la imposibilidad de que la reforma constitucional en materia política pueda entrar en vigor para las elecciones presidenciales de 2012, debido a que aun si la Cámara de Diputados ratificara en sus términos la minuta del Senado, todavía tendría que ser avalada por 16 de los 31 congresos de los estados, que el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación y posteriormente el Congreso apruebe la correspondiente ley reglamentaria.

Asistieron al encuentro Calderón; el secretario de Gobernación, Francisco Blake, y el secretario particular del mandatario, Roberto Gil Zuarth. De los priístas estuvieron el coordinador y vicecoordinador de la bancada, Francisco Rojas y José Ramón Martel, respectivamente, y Alfonso Navarrete Prida, coordinador del grupo de trabajo que en abril presentó un proyecto de dictamen a la minuta del Senado que reforma la Ley de Seguridad Nacional.

La convocatoria para la reunión tenía como objetivo analizar qué podían acordar la administración de Calderón, el PAN y el PRI para tratar de convocar a un periodo extraordinario. Los priístas explicaron el estado que guarda cada una de las minutas del Senado y lo que hace falta, técnica y políticamente, más allá de buenos deseos y discursos demagógicos.

Navarrete Prida explicó que se abordó con claridad que el gobierno de Calderón tendrá que hacer definiciones para que el PRI pueda avalar la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional.

–¿En qué sentido?

–Si está dispuesto a dividir los temas de seguridad pública y seguridad nacional, reglamentar la facultad discrecional de uso de las fuerzas armadas y respetar absolutamente los derechos humanos, que es lo que propuso el grupo de trabajo.

–¿Y cómo podría saber el PRI que es así?

–Tendría que haber algunas expresiones públicas y una demostración; por ejemplo, señalar que es insuficiente la minuta del Senado y debe ser perfeccionada, en la división clara que ya señalé.

En entrevista, Rojas explicó que en la discusión de la reforma política hay algunos avances de consideración y se ha procurado crear grupos de trabajo para acelerar su votación. Dijo que en algunos temas hay acuerdo, pero no detalló cuáles.

Afirmó que no hay fecha para un periodo extraordinario de sesiones, porque primero deberán esperar que las comisiones terminen de hacer su trabajo, y en ese momento el Congreso decidirá el momento oportuno para convocarlo.

Al salir del restaurante, Blake se limitó a citar que se abordaron los temas pendientes de la agenda legislativa y luego le dio la palabra a Rojas.

Yo no dije que no había condiciones para convocar, sino que no hay dictámenes, y lo sigo diciendo hoy: tampoco hay, alegó el priísta.