Las descalificaciones del Ejército a la reforma que restringe el fuero militar, y las peticiones de que se le den recursos legales para seguir operando en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, son una muestra de que las fuerzas armadas se resisten a ser vigiladas por órganos de control civil, y no tienen un compromiso real por respetar las garantías individuales.

Así lo advirtieron activistas de organizaciones de derechos humanos, quienes afirmaron que estos actos de resistencia son intentos desesperados por conservar sus cotos de impunidad, actitud que podría continuar durante la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y las postergadas reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Jacqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que los intentos del Ejército por retrasar los nuevos límites del fuero militar han sido muy claros, ya que al entrar en vigor, se vería comprometido su modus operandi, basado en el uso excesivo de la fuerza, la tortura y el cuestionamiento de la identidad de sus víctimas.

Se justifican aduciendo que repelen agresiones, luego encuentran la forma de inculpar a la gente, y modifican la escena del crimen. Es una práctica común, como lo demuestra el caso de los jóvenes asesinados supuestamente por ignorar un retén en la comunidad de Santiago de los Caballeros, en 2008, por ejemplo.

Nuevos frentes de discusión

El tema de fondo, subrayó Sáenz, es que el Ejército quiere controlar las investigaciones de los abusos en que participan sus elementos. Como ya se les cerró la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora tratarán de buscar frentes en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional y las reformas al Código de Justicia Militar.

Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coincidió en que la reacción de las fuerzas armadas busca minimizar los alcances de lo que ya decidió el Poder Judicial, lo que resulta preocupante, pero no sorprendente.

En años recientes, los uniformados se han resistido a acatar las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, pero con la sentencia de la SCJN esa discusión quedó superada.

Sabemos que harán lo posible por dar pasos hacia atrás, pero van a fracasar porque el debate lo ganaron las víctimas, alertó.