a ausencia de un acuerdo político entre republicanos y demócratas en Estados Unidos sobre la ampliación del techo de endeudamiento para el gobierno de ese país –a efecto de evitar una declaratoria de insolvencia por primera vez en la historia de la superpotencia–, ha extendido el temor a escala mundial. Hasta ahora, la única certeza es que los efectos de una suspensión de pagos de Washington tendría efectos devastadores sobre el sistema financiero internacional y haría prácticamente inevitable el inicio de una nueva recesión económica, en un momento en que muchos países siguen sintiendo los ramalazos de la crisis de 2008 y 2009.

Ante esta perspectiva, el presidente Barack Obama pidió ayer a sus correligionarios y a los opositores actuar con responsabilidad y asumir un sacrificio compartido; aceptó la necesidad de adoptar medidas impopulares –como las derivadas del recorte presupuestario demandado por los republicanos–, pero sostuvo que la solución profunda al problema de la deuda y el déficit fiscal –indicadores que están en su punto más alto de los últimos 60 años– no se podrá lograr sin pedir a los estadunidenses más ricos que paguen su parte justa, o sin resolver los vacíos legales que dan a los intereses especiales y a grandes corporaciones ventajas fiscales que los estadunidenses de clase media no tienen.

La postura del mandatario resulta acertada si se toma en cuenta que el elevado nivel de endeudamiento en Estados Unidos –que alcanza ya 70 por ciento de su producto interno bruto– se explica en buena medida por la persistencia de elementos e inercias que los republicanos se empeñan en defender: la espiral de recortes a los impuestos de los ricos, inaugurada por el régimen conservador de Ronald Reagan y redimensionada por el gobierno de George W. Bush; el exorbitante gasto derivado del espíritu belicista y colonialista de Washington, que en la década pasada se ha involucrado en dos guerras –Irak y Afganistán– injustificables desde el punto de vista humanitario y costosísimas desde el económico, así como la persistencia de programas de rescates a los grandes capitales a cargo del erario, como los puestos en marcha durante la pasada crisis económica, que fue sobre todo resultado del libertinaje que impera en Wall Street.

Ahora, ante la evidencia del descontrol provocado por el derroche y la irracionalidad de las recientes administraciones estadunidenses, y ante la manifiesta necesidad de corregir un problema que se ha vuelto estructural en la economía de ese país, a los republicanos no se les ocurre otra solución que sacrificar a la mayoría de la población mediante los recortes al gasto público y la defensa de los privilegios de los grandes capitales, y colocan, con ello, a la administración Obama ante una disyuntiva indeseable: ser la primera en la historia en incurrir en la suspensión de pagos o lidiar con el amplio y justificado descontento de las mayorías sacrificadas y con el consecuente costo político.

Se asiste, pues, a la confirmación del conflicto en que se encuentra la actual presidencia estadunidense: a pesar del fortalecimiento que implicó para ella la captura y muerte de Osama Bin Laden, y no obstante las concesiones que Barack Obama ha hecho a los halcones de Washington y a los integrantes del complejo militar-industrial y del lobby financiero de ese país, el bando opositor no parece dispuesto a ceder un ápice en su postura, y complica peligrosamente las negociaciones que se desarrollan en estas horas decisivas.