El subsecretario de la Defensa Nacional, general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, defendió frente a legisladores y activistas de derechos humanos el fuero militar. Sostuvo que éste no es un privilegio, sino un sistema en que se fija claramente en qué condiciones deben cumplir sus labores los miembros de las fuerzas armadas.

Expuso además que no hay una política formal de seguridad nacional en México y advirtió que el Ejército enfrenta un conflicto asimétrico, ya que los militares están preparados para una cosa y sin embargo enfrentan a un enemigo que no tiene cara, que actúa en el espacio donde los ciudadanos hacen su vida cotidiana, y de ahí la necesidad de que haya una normatividad clara.

Al participar en el foro Importancia de la seguridad nacional en el marco de una sociedad democrática, realizado en el Senado, el general Gaytán Ochoa dijo que en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estarían en condiciones de discutir una reforma al Código de Justicia Militar para hacerlo más puntual o detallarlo.

Sin embargo, insistió, ese ordenamiento ya prevé los impedimentos que tienen los elementos del Ejército y se alinea con todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y su respeto.

No todas las órdenes se acatan

Agregó que el Código de Justicia Militar prevé perfectamente bien que no todas las órdenes se acatan. Aquellas que van en contra de la normatividad vigente, el que las acata está haciéndose cómplice de quien ordena.

El presidente de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, el senador René Arce, aclaró al abrir el foro que el debate está centrado en la necesidad de regular la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, sobre todo a la luz de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al fuero militar.

Igualmente, el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, dijo que se requiere de una legislación transexenal que reconozca la labor de las fuerzas armadas para frenar al narcotráfico y el crimen trasnacional, pero que dé garantías a la sociedad de que ello se lleve a cabo con la debida claridad y transparencia.

En su intervención inicial, el subsecretario de la Sedena resaltó que en la Constitución están precisados los objetivos permanentes en materia de seguridad nacional que se deben preservar, entre ellos la independencia, la soberanía del país y la integridad territorial. Después, en la sesión de preguntas y respuestas, se quejó porque encontró en los cuestionamientos mucha carga ideológica.

Gaytán Ochoa desestimó que el Ejército se haya visto envuelto en infinidad de hechos relacionados con violaciones de derechos humanos. Sostuvo que una cosa son las quejas y otras las recomendaciones que ha recibido la Sedena de organismos defensores de garantías fundamentales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En este último caso, aseguró, todas han sido atendidas, algunas ya resueltas y otras más están en proceso.

Rechazó también que el Ejército esté actuando en la inconstitucionalidad al realizar funciones policiacas. Expuso que las tareas que les asigna el artículo 129, sobre las atribuciones de los militares en tiempos de paz, no son excluyentes ni los eximen de cumplir con lo que marca la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que les da funciones en materia de seguridad interior, entre ellas la de actuar en coadyuvancia con otras instancias.

Hubo preguntas que el subsecretario de la Sedena declinó responder, entre ellas una referente a “qué fallas, qué quiebre de los controles internos ha tenido el Ejército para que un grupo de elite, como los gafes, se volvieran los sanguinarios zetas”.

Gaytán Ochoa dijo que no es responsabilidad de la secretaría responder por los actos de militares que se han retirado de las fuerzas armadas.

A su vez, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Alfonso Aceves, señaló que, en su opinión, el tema del fuero militar no debe incluirse en la ley de seguridad. Por su parte, el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actual integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Emilio Álvarez Icaza, recalcó que el delito no se puede combatir con delito.

Dijo, frente al general Gaytán Ochoa, que la Sedena ha recibido miles de millones de pesos en presupuesto, pero es una institución que está creciendo sin controles democráticos. Propuso que se filmen los retenes para saber realmente lo que ahí sucede, y consideró que la Ley de Seguridad Nacional, que se discute en la Cámara de Diputados, debe tener contrapesos.

Por su parte, el senador del PAN Felipe González y el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, coincidieron en señalar que la nueva legislación debe fijar cuándo y en qué condiciones van a regresar los militares a sus cuarteles.

A su vez, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México Javier Oliva preguntó: ¿Qué falló para que llegáramos al punto de la intervención masiva de soldados y marinos en tareas estrictamente policiales?

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, dijo que el tema tiene que ver con la corrupción y, en ese sentido, hay argumentos que indican que el Ejército no puede ser juzgado por autoridades civiles, porque jueces y agentes del Ministerio Público son corruptos.

Sobre las versiones de que muchas de las quejas las impulsan los mismos narcotraficantes, el ombudsman dijo: Si la violación se cometió, pues con todo respeto, aunque sea el diablo mismo el que se queja, tenemos que atenderlo.