Ante la falta de atención de la inmobiliaria Baita, responsable del deslizamiento de tierra que afectó a dos edificios de la calle Zamora, en la colonia Condesa, los vecinos que fueron desalojados demandaron al procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, tomar en sus manos la averiguación previa.

A casi 20 días del incidente todavía no hay fecha para poder regresar a sus hogares y los representantes de la inmobiliaria ni siquiera se han presentado, pues los argumentos que han recibido los vecinos es que Baita sólo era la comercializadora de los departamentos, no la constructora.

Sin embargo, aseguraron que fue la citada empresa la que contrató a la constructora Becerril y Asociados SA de CV para ejecutar el proyecto.

Ante ello, hicieron un llamado al procurador capitalino, porque pareciera que de lo que se trata es proteger a la inmobiliaria Baita y no a nosotros, que fuimos los afectados.

El 3 de julio pasado, residentes de las calles Zamora y Juan Escutia interpusieron una denuncia penal contra esa firma y quien resulte responsable por el deslizamiento de tierra que afectó los cimientos del edificio de Zamora número 79, el cual tiene salida por Juan Escutia. Ambas torres de departamentos fueron evacuadas, así como los inmuebles del 123 al 129.

La indagatoria quedó registrada con el número FCH/CUH-7/T3/2001/1107 de la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc 7.

Los vecinos han solicitado tanto a la delegación Cuauhtémoc como a la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal el dictamen sobre las causas que originaron el deslizamiento de tierra y las fracturas en el edificio de Zamora 79, sin obtener respuesta.

Por la falta de atención –porque las autoridades ni siquiera consideraron las irregularidades cometidas por Baita, las cuales fueron denunciadas por la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial, como la excavación de un nivel más de los permitidos, que fue lo que afectó el edificio–, los residentes piden no manejar el caso con discrecionalidad para favorecer a la empresa responsable y atender las demandas de los ciudadanos, que están a punto de perder su patrimonio.