La administración política que el gobierno mexicano hace del espectro radioeléctrico obligó a Multivisión (MVS) y tres socios a detener una inversión de 400 millones de dólares y suspender el servicio e-go, en el que la empresa de la familia Vargas había realizado inversiones para ofrecer el servicio de Internet, criticó la consultoría Mediatelecom, luego que MVS anunció que la Secretaría de Hacienda se niega a fijar la contraprestación para que continúe operando la frecuencia de 2.5 gigahercios sobre la que fincó el proyecto Banda ancha para todos. El viernes pasado MVS informó que, debido a que Hacienda no ha fijado la contraprestación que la empresa tendría que cubrir para seguir explotando esa banda, Intel, Clearwire y Alestra, sus socios en el proyecto, detuvieron la inversión, estimada en 400 millones de dólares, de los cuales ya se habían aplicado 70 millones, hasta que tengamos la certidumbre jurídica indispensable para realizar dichas inversiones. Mediatelecom señaló que con la tardanza y tal vez el rechazo del gobierno federal a permitir a MVS seguir explotando la banda de 2.5 Ghz, ahora con el servicio de banda ancha de alta velocidad, actúa contra los intereses de 55 millones de mexicanos que serían beneficiados con el proyecto. Explicó que en esta ocasión el gobierno quiere fijar una contraprestación demasiado alta, para evitar que se repita lo ocurrido en la licitación 21, en la que entregó a Televisa-Nextel 30 megahercios de cobertura nacional por 180 millones 300 mil pesos.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) falló en favor de México en una disputa de más de dos décadas con Estados Unidos que ha impedido el ingreso del atún mexicano al mercado estadunidense, dijo el martes una fuente cercana a las negociaciones. Añadió que ambas partes fueron notificadas de la resolución a inicios de julio y que el informe final del caso aún no es público. Estados Unidos argumentaba que su legislación prohíbe la utilización de redes de cerco –método usado por México– para la pesca de atún, independientemente de si se causa daño o no a los delfines. A partir de que el informe se hace público, es un instrumento que obliga a las partes, en este caso Estados Unidos, que es el demandado, a hacer lo que diga el informe, expresó la fuente. Es un documento obligatorio para Estados Unidos y tendría que hacerlo, subrayó. Washington negaba el uso de la leyenda dolphin-safe (delfín a salvo) en las etiquetas de atún mexicano, lo que dificultaba su comercialización en ese país. La fuente señaló que Estados Unidos aún puede apelar de la decisión, pero es poco probable que el fallo sea modificado. México llevó la disputa a la OMC en abril de 2009. Para finales de 2012 probablemente, o principios de 2013, el atún mexicano debiera estar entrando al mercado estadunidense, añadió.