En el país existen normas que obligan a atender y acompañar a las víctimas del delito, pero muchas veces los servidores públicos no las hacen valer, se dijo en la mesa redonda Víctimas del delito, quién, cómo y dónde se les atiende, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Sulma Campos, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, dijo que en la capital hay seis centros para ese propósito, y destacó la participación de sicólogos y las ayudas económicas que se otorgan a los afectados, así como la utilización de la figura del abogado victimal.

Sara Herrerías, fiscal especial para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas de la PGR, subrayó el acompañamiento que otorga Fevimtra y su atención en centros del Distrito Federal, Tapachula, Ciudad Juárez y Veracruz, donde las afectadas pueden permanecer seis meses mientras avanzan las investigaciones.

Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, criticó que en México no se respetan los derechos de las víctimas y muchos agentes del Ministerio Público y personal del Poder Judicial las tratan de manera despótica.