Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, propuso ayer la creación de una comisión de la verdad, con carácter ciudadano y autónomo, con el propósito de avanzar en el proceso de diálogo, justicia y reconciliación.

Llegamos a este Museo de Antropología con el corazón aún más lastimado que el pasado 23 de junio en que nos encontramos con el presidente Calderón, lamentó el poeta en el inicio de otra serie de encuentros con representantes gubernamentales, en el que no quitó el dedo del renglón acerca de la necesidad de nutrir esta etapa con un mensaje en que el Estado pida perdón, porque el que externó el jefe del Ejecutivo federal aquel día, en el castillo de Chapultepec, no es aún cabal ni profundo, dijo.

Subrayó que el Presidente de la República está obligado a pedir un sincero perdón a la nación, porque aunque se atribuye la violencia a los criminales, la estrategia para enfrentarlos también ha sido causa de agresiones que es necesario reconocer.

Prioritaria, la atención a víctimas, insiste el poeta

Sentado junto a Francisco Blake, secretario de Gobernación, Sicilia enfocó sus propuestas en la necesidad de construir mecanismos para la reparación del daño, clasificar los casos según las problemáticas y agresores responsables, y crear un sistema de atención a víctimas, con la comisión de la verdad, así como una fiscalía social para la paz con la finalidad de vigilar el cumplimiento del quehacer público.

Además, crear una ley de víctimas e indemnización a las familias de los inocentes, entre otros puntos que deben ser acompañados por el fortalecimiento del tejido social, la renovación del sistema político y el retiro paulatino del Ejército de las calles.

Javier Sicilia puntualizó los factores que, a juicio del movimiento que encabeza, derivan en una estrategia equivocada, absurda, larga y fallida de combate a la delincuencia.

El gobierno ha tenido suficiente tiempo para poner a prueba sus tesis belicistas; un tiempo demasiado largo y con altísimo costo de vidas, expresó.

Sin embargo, en esta ocasión no hubo debate. Y aunque el poeta habló primero, no hubo réplica a su discurso, de casi 20 minutos, en el que habló de estrategias fallidas y la existencia de una emergencia nacional.

Blake se limitó a leer el discurso que llevaba impreso en sus tarjetas; no dijo nada sobre la propuesta de crear una comisión de la verdad.

A pregunta expresa, en entrevista posterior, sólo aseveró que en el país hay organismos muy sólidos, formales e institucionales que dan cauce a los reclamos. Hay una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como un marco de tratados internacionales.

–¿El movimiento exige también que el Presidente pida un perdón sincero?

–Vamos a trabajar, eso lo vamos a revisar con el Presidente.

En su mensaje, Blake ofreció prácticamente lo mismo que ha puesto sobre la mesa desde hace un año, cuando asumió el cargo: oídos abiertos al diálogo y la promesa de avanzar en los protocolos para identificar a las víctimas.

Una vez más justificó el uso temporal de las fuerzas armadas en los operativos y amplió la responsabilidad del agravamiento de la situación que atraviesa el país a las omisiones de las autoridades de los distintos órdenes del gobierno en el pasado y que, desafortunadamente, aún siguen ocurriendo.

Tampoco hubo alegatos de otros funcionarios. La titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, y el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, así como subsecretarios de varias dependencias, permanecieron en silencio, escucharon y tomaron notas.

El diálogo pasó del debate en el castillo de Chapultepec a un encuentro realizado en una carpa instalada en la terraza del Museo Nacional de Antropología para que éste no interrumpiera sus actividades habituales.

Varios visitantes infantiles fueron alentados por sus guías para brindar una porra al poeta, a quien reconocieron en el espacio que compartió con otros deudos y familiares de víctimas, como Araceli Rodríguez, madre de un policía federal desaparecido en Michoacán, o Julián Le Barón, de Chihuahua, cuyo hermano fue asesinado hace dos años.

A la inauguración de los trabajos también acudieron el sacerdote Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Raúl Romero y Juan López; el clérigo Alejandro Solalinde, del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, así como integrantes de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, entre otros.

Sicilia inició su mensaje citando un fragmento de la elegía a Ramón Sijé, del poeta Miguel Hernández, preámbulo de un minuto de silencio por nuestros muertos y nuestros dolores: No hay extensión más grande que nuestra herida. Lloramos nuestra desventura y sus conjuntos y sentimos más la muerte que la vida.

Enseguida manifestó que señalar con el dedo o pedir cabezas no es una solución seria, por lo que continuarán en el diálogo con todos.

El poeta hizo énfasis en que el movimiento reclama que se escuche a las víctimas de la guerra y se reconozca su existencia, pero advirtió que no se conformarán con que se humanice esta guerra o que se aproveche o lucre con el dolor.

Esperamos que estos trabajos puedan ser fructíferos y permitan poner un poco de este suelo que ya no sentimos bajo nuestros pies; este suelo que corre el peligro de llevar a la nación a la muerte de la democracia y al desastre del nihilismo y el autoritarismo, expresó.

Propone González Ruiz otorgar facultades legales a la comisión

Entrevistado al término del encuentro, Sicilia aseveró que el gobierno debe demostrar su compromiso con las víctimas mediante la creación de una comisión de la verdad, que “siempre surgen cuando terminan los periodos trágicos. A lo mejor puede ayudar a parar la mal llamada guerra. Hay modelos como el colombiano, que es muy interesante, o el de España, y estamos trabajando en ello”.

En tanto, José Enrique González Ruiz, integrante de la comisión de mediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario, manifestó que para el buen funcionamiento de un mecanismo de esa naturaleza debe contar con atribuciones legales suficientes, porque de lo contrario se vuelve decorativo, excluir a servidores públicos, existir por un periodo limitado y hacer que sus integrantes no perciban salario.

Además, llamó a no aceptar que esas comisiones sólo puedan emitir sentencias morales, que casi nunca se traducen en el encarcelamiento de algún represor.