El representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández, aseveró ayer en el Senado que en el país los activistas de garantías individuales enfrentan una situación difícil, y comentó que las acciones de las autoridades para investigarlas son débiles e inexistentes, no hay respuesta eficaz.

El funcionario destacó que a comienzos de este año hemos tenido dramáticos y muy trágicos incidentes que nos recuerdan que la necesidad de protección no es un tema sin costos enormes, hoy esos costos son las vidas....

Subrayó que en 25 años México ha sido objeto de mil 500 recomendaciones, debido a los tratados que el país ha firmado en materia de derechos humanos.

Hernández expresó lo anterior tras participar en la audiencia pública para conocer la situación actual de activistas y periodistas, con la finalidad de trabajar en un mecanismo para su protección, en acto convocado por el Senado. Resaltó que la oficina que representa ha tomado la decisión de impulsar acciones para que el Ejecutivo federal puedan iniciar un diálogo con organizaciones de derechos humanos y trazar una ruta para implementar medidas de protección eficaz.

El quinto visitador general, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, destacó que desde 2005 han aumentado en 400 por ciento las solicitudes de medidas cautelares requeridas por defensores y se han emitido 33 recomendaciones. Destacó que en seis años en la CNDH se contabilizaron 523 expedientes de quejas con motivo de agresiones a defensores: tan sólo en 2010 se registraron más de 48 expedientes, lo que representa un incremento de cien por ciento en el número de quejas.

El visitador señaló que cada atentado en perjuicio de un defensor o de un periodista es un atentado a la vigencia del estado de derecho y a la vida democrática del país, y resaltó que los defensores constituyen un grupo en especial situación de vulnerabilidad .

Batista indicó que las entidades donde se documentaron el mayor número de quejas fueron en Jalisco, Distrito Federal, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, y manifestó que en cuanto a agravios a periodistas y comunicadores de 1999 a la fecha se han integrado 691 expedientes de esos, 510 se integraron en seis años. En ese lapso se cometieron 70 homicidios, 13 desapariciones de periodistas y 22 atentados contra medios de comunicación. Por ese motivo se emitieron 32 recomendaciones y 69 medidas cautelares.