San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de julio. En días recientes se han suscitado, o bien agravado, una serie de hechos represivos contra movilizaciones y protestas indígenas y campesinas en diversas regiones de la geografía chiapaneca, que aun con sus grandes diferencias, tienen dos cosas en común: son grupos que han negociado con el gobierno y participado en sus programas sociales, y lo que ahora reclaman (y los castigan por hacerlo) son incumplimientos diversos de compromisos gubernamentales. Dicho de otro modo, son familias, comunidades u organizaciones que no han estado en resistencia, sino más bien en asistencia.

Se trata de reubicaciones pactadas, algunas consumadas, que hoy naufragan. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Observatorio de Prisiones (OPN) y Maderas del Pueblo del Sureste, al presentar diversos casos que incluyen ya un buen número de presos, torturados y desplazados lo mismo en el municipio de Ostuacán que en Frontera Comalapa, Salto de Agua, Jaltenango y Tecpatán, expusieron:

Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer la comunidad Juan de Grijalva, y hasta hoy, además de brindar la oportunidad perfecta al gobierno para poner en marcha el ambicioso proyecto de ciudades rurales, más que solucionarse los problemas de la zona, se ha generado confrontación dentro de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos en el entorno, además de múltiples presos.

En el caso de la ciudad rural Nuevo Juan de Grijalva, muchos debieron abandonar sus viviendas porque son inhabitables, mas ya no pueden regresar a su domicilio original en el área conocida como El Tapón, tras las inundaciones del río Grijalva en noviembre de 2007, cuando fueron afectadas decenas de comunidades; a los habitantes de La Herradura (Rómulo Calzada), el gobierno no les ha cumplido, pero ya concesionó sus tierras a empresas de Japón y Estados Unidos para criar tilapia. ¿Quién nos va a devolver lo que se perdió?, el gobierno se comprometió, y nada, lamentaba el campesino Victorino González.

En este surtido de casos están unas familias choles que han sido desplazadas seis veces, dos de ellas de Montes Azules, y ahora fueron expulsadas por paramilitares, dicen, de Las Conchitas (Salto de Agua), donde las reubicó el gobierno años atrás con una serie de promesas incumplidas, y ahora ni sus casas conservan. Fueron expulsados y las autoridades no intervienen para protegerlos. Hoy acampan frente a la catedral de San Cristóbal, respaldados por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), exigiendo justicia.

Llama la atención que, además de las protestas de afectados, también se han reprimido movilizaciones de apoyo por organizaciones como MOCRI-CNPA-MLN. En Tecpatán y Frontera Comalapa, este apoyo costó la cárcel a más de 20 de ellos en semanas recientes. La mitad, de Tecpatán, siguen presos y en muy malas condiciones. Algunos fueron torturados por policías, como Santos Salas Vázquez, de 60 años, a quien le quemaron con fuego ambos codos y no ha recibido atención.

En Jaltenango, decenas de familias a medio reubicar esperan vivienda y llevan dos años en un campamento de refugiados en condiciones de insalubridad y abandono. La Villa Rural (variante de las publicitadas ciudades) Emiliano Zapata, pactada entre la OPEZ-MLN en Tecpatán y el gobierno estatal, y que está casi concluida, lleva abandonada casi dos años pues no es segura; mientras, sus potenciales pobladores viven en condiciones insalubres. En el trayecto, su organización se fracturó, hay dirigentes presos y está en suspenso el futuro de los barrios Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Nuevo Limoncito, Ricardo Flores Magón y Los Guayabos. En sus protestas han ocupado instalaciones de la ONU, por aquello de los Objetivos del Milenio.

Y aun así, todos ellos siguen esperando del gobierno que pague lo justo, les cumpla y deje de perseguirlos judicialmente.