Pachuca, Hgo., 22 de julio. La asamblea del municipio de Zimapán determinó en sesión extraordinaria la clausura definitiva de la planta de confinamiento de residuos tóxicos, construida por Sistemas de Desarrollo Sustentable (SDS) en el ejido de Cuauhtémoc, además de sancionarla con 10 mil días de salario mínimo, tras comprobar que había violado varias leyes de legislación ambiental.

Integrantes del cabildo informaron que la planta financiada por la española Abengoa-Befesa, violó las leyes General para la Prevención y Gestión de los Residuos, para la Protección Ambiental de Hidalgo y el Bando de Policía y Gobierno de Zimapán, por lo que se le impuso dicho pago en beneficio del erario municipal.

Señalaron que el confinamiento no cuenta con licencia de uso del suelo, ni la autorización municipal de funcionamiento y operación para edificar y operar, lo que ha provocado contaminación en tierra, agua y aire en el ejido de Cuauhtémoc, en el que se ubican alrededor de 12 comunidades.

Indicaron que el especialista Jorge Navarrete Gutiérrez, realizó una visita el 3 de junio pasado a la planta, fecha en que el gobierno municipal ordenó la clausura temporal del confinamiento. En aquella inspección, los estudios obtenidos concluyeron que la muestra de suelo celda A-4 eran tóxicos.

Respecto a la sanción de 10 mil salarios mínimos, la asamblea basó su decisión en el informe del subprocurador jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Gerardo Gordoa Márquez, quien mediante un oficio del 9 de junio de este año, comprobó que dentro de la planta se tiene el almacenamiento, confinamiento y destino final de residuos peligrosos.

Sergio Eduardo Herrera Torres, director general de inspección de fuentes de contaminación de la Profepa, existe un riesgo inminente de desequilibrio ecológico o daño o deterioro grave a los recursos naturales, medio ambiente, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas y para la salud pública, derivado de los residuos peligrosos que pudieran encontrarse dentro de la empresa sin un debido manejo.

La firma española Abengoa-Befesa, mediante SDS, inició en 2004 la construcción de un confinamiento de residuos tóxicos, aunque a los habitantes de Zimapán, se les informó que se trataba de un relleno sanitario.

Los pobladores iniciaron un movimiento opositor contra la planta, que finalmente se terminó de construir en 2009 e iniciaría operaciones en enero de 2010, pero autoridades municipales revocaron los permisos de suelo. Abengoa promovió ante la Organización Mundial de Comercio, el pago de 96 millones de dólares, por presuntos daños a SDS.