La contraloría general del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que el ex director administrativo del organismo Fernando Santos Madrigal incurrió en negligencia y violó diversas normas que provocaron un daño patrimonial al instituto por 26.2 millones de pesos, por gastos en un inmueble en renta, utilizado como bodega, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Ante ello propone al consejo general del IFE que apruebe una sanción contra el ex funcionario público, consistente en inhabilitación por cinco años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Esta conclusión deberá, en su caso, ser aprobada hoy, durante la sesión extraordinaria del consejo general del instituto.

El caso salió a la luz pública en febrero pasado, junto con la revelación de otras investigaciones de la contraloría del IFE, encabezada por Gregorio Guerrero Pozas, relacionadas con la creación de un fondo inmobiliario, con 348 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2010, que no fue regresado a la Tesorería de la Federación, con el argumento de que fueron ahorros del instituto.

Posteriormente se confirmó que la contraloría también abrió un proceso administrativo por asuntos relacionados con el arrendamiento y remodelación del inmueble ubicado en avenida Tláhuac, delegación Iztapalapa, para el cual el funcionario autorizó trabajos de remodelación por 21.3 millones de pesos, cuando el máximo permitido para esos arreglos, de acuerdo con la normatividad interna del IFE, era de 550 mil pesos, cuando ocurrieron los hechos, en junio de 2008. No obstante, según la investigación de la contraloría, cinco meses después Santos Madrigal aprobó 6.1 millones de pesos para colocar en esa bodega equipo de conjunto y energía eléctrica, equipamiento y servicio, que debió haber hecho con lo previamente autorizado para ese rubro.

La irregularidad se relaciona también con que ese inmueble estaba incluido en la lista de posibles compras del IFE, precisamente para atender las nuevas responsabilidades que impuso la reforma electoral al instituto.

Es decir, se estaba haciendo una inversión millonaria en favor de un inmueble perteneciente a un ente privado a pesar de que todavía no existía la certeza de que el IFE compraría la bodega.

En los argumentos de la contraloría que deberán analizar los consejeros electorales se precisa que el ex funcionario tenía un salario mensual de 151 mil pesos y una antigüedad en el organismo de 11 años. Aunque la contraloría elaboró un amplio documento sobre la indagatoria, contenida en 515 páginas, al final propone que la inhabilitación sea temporal: sólo cinco años. La decisión final la tomarán los seis consejeros.

Este lunes el IFE tendrá una jornada larga, porque primero habrá una sesión ordinaria, en la cual se abordarán unos 20 asuntos, básicamente sobre informes del quehacer del instituto y propone imponer diversas sanciones, toda vez que la violación a la reforma de 2007-2008 sigue siendo una constante, especialmente porque los gobernadores buscan difundir su imagen y acciones mediante la adquisición de espacios prohibidos por la ley.

También avanzará en aspectos fundamentales para la organización del proceso electoral 2001-2012, como la capacitación de supervisores y asistentes; el diseño, instalación y operación del sistema de información de la jornada electoral y el plan estratégico para el siguiente trienio.