Chilpancingo, Gro., 24 de julio. Los 15 ex policías estatales acusados de participar en la matanza de 17 campesinos el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, confían que ganarán el juicio promovido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que les sean pagados salarios caídos y sean indemnizados.

Tras el multihomicidio, los 15 agentes de la otrora Policía Motorizada, encabezados por el coordinador regional Francisco Sandoval Medina, recibieron la orden de movilizarse en busca de un niño secuestrado e instalar un retén donde se toparon con la escena del crimen, por lo que se vieron implicados y, aunque la prueba de Harrison demostró que no dispararon armas, los encarcelaron durante tres años.

Nos decían que contratáramos abogados y lucháramos por nuestra libertad, pero si el gobierno había resuelto meternos a la cárcel no había mucho qué hacer, comenta Sandoval Medina, quien tenía casi 30 años de servicio, y al ser excarcelado se quedó sin trabajo como los otros 14, con quienes luego promovió el actual juicio, que ya está en vías de favorable resolución.

Rubén Figueroa Alcocer y el extinto Rubén Robles Catalán, entonces gobernador y secretario de Gobierno, respectivamente, fueron acusados de la masacre, pero sólo estuvo preso (casi nueve años) Esteban Mendoza Ramos, director de Gobernación estatal; mientras Rosendo Armijo de los Santos, ex subsecretario de Seguridad Pública, huyó de la entidad.