Cobijados por el programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIP), funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) recurren a amenazas, chantaje y abuso para obligar a los ejidatarios a vender sus tierras a empresas particulares, denunció José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp).

Sostuvo que los promotores de la procuraduría advierten a los ejidatarios que de no aceptar los montos propuestos por los empresarios, principalmente de desarrollos urbanos, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) procederá a la expropiación de sus tierras. También alteran los acuerdos de las asambleas de los ejidos que rechazan las propuestas de compra de sus tierras; corrompen a las autoridades ejidales e incluso recurren a las invasiones concertadas para que los propietarios vendan sus propiedades.

Se trata del despojo a ejidos y comunidades de sus tierras y de las riquezas naturales bajo el argumento de que se deja un beneficio al campesinado; lo real es que se trata de un despojo descarado, de la privatización de la tierra del sector social y el solapamiento de la depredación de los recursos naturales y del medio ambiente. Es el resurgimiento de los terratenientes pero ahora denominados empresa privada.

Respecto a los señalamientos del titular de la SRA, Abelardo Escobar, de que los proyectos del FIP se llevan a cabo sin que los ejidatarios vendan sus tierras y que se trata de tratos justos y apegados a la ley, el dirigente de la Cocyp aseguró que las autoridades agrarias acuden a las asambleas de los ejidos y comunidades para imponer acuerdos que obligan a vender las parcelas y bienes comunales a las empresas privadas.

La SRA, la PA, el Registro Agrario Nacional (RAN) y los tribunales agrarios fueron creados para defender los derechos de los ejidatarios y comuneros y coadyuvar en la solución de los conflictos en el medio rural, pero se han convertido en promotores inmobiliarios, de negocios turísticos, mineros, industriales, de equipamiento urbano y ecológico. Para ejemplificar presentó el caso de la comunidad de San Juan Coapanoaya, municipio de Ocoyoacac, estado de México.

Manuel Aguilar Morales y Víctor Ángel Almazán Espinobarros, funcionarios de la PA, y Alfonso Anguiano, de la delegación del RAN en la entidad, presionan y amenazan a los comuneros por negarse a ceder sus tierras para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. Se han talado 10 mil árboles para llevar a cabo dicha obra, que no cuenta con la aprobación de los propietarios de la tierra.

Situación similar enfrentan los ejidatarios de San Francisco Xochicuautla y su anexo La Concepción, municipio de Lerma; Santa Cruz Ayotuzco, municipio de Huixquilucan; Santa María Tlalmimilolpan, municipio de Lerma, y la Magdalena Chichicaspa, municipio del mismo nombre, donde se construye la carretera Lerma-Tres Marías- Naucalpan.

En las 105 mil 875 hectáreas distribuidas en 17 municipios que conforman el llamado parque estatal otomí mexica, se autoriza la construcción de casas habitación, comercios, campos de golf, explotación de bancos de material y complejos turísticos, aunque es una zona protegida.

José Jacobo Femat dijo que es falso el discurso de la autoridad agraria de que los ejidatarios son libres de decidir qué hacer con sus tierras, pues éstos desconocen sus más elementales derechos y por la miseria se ven obligados a vender sus parcelas.