Por decisión unánime, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró improcedente inhabilitar por cinco años al ex director de Administración, Fernando Santos Madrigal, acusado por la Contraloría General del instituto por negligencia y de haber causado un daño patrimonial de 26.2 millones de pesos.

En el último punto de dos sesiones consecutivas, que duraron casi diez horas, los consejeros electorales decidieron, sin debate de por medio, exculpar al ex funcionario, bajo el argumento de que el proyecto de resolución dictada por la contraloría no sustenta suficientemente la negligencia.

De acuerdo con las investigaciones de la contraloría, Santos Madrigal autorizó trabajos de remodelación por 21.3 millones de pesos para un inmueble arrendado por el IFE en la delegación Iztapalapa, cuando el máximo permitido para esos arreglos, de acuerdo con la normatividad interna, era de 550 mil pesos, cuando ocurrieron los hechos, en junio de 2008.

No obstante, según la investigación de la contraloría, cinco meses después Santos Madrigal aprobó 6.1 millones de pesos para colocar en esa bodega equipo de energía eléctrica, equipamiento y servicio, que debió haber hecho con lo previamente autorizado para ese rubro, y que tenía el objetivo de monitorear los tiempos en radio y televisión.

Sin embargo, anoche el consejero Marco Antonio Baños aseguró que el Consejo General del IFE, órgano superior jerárquicamente a la Junta General Ejecutiva, había aprobado las erogaciones necesarias para cumplir con la administración de los tiempos de radio y televisión.

En la sesión, los consejeros decidieron declarar improcedente la inhabilitación de cinco para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

La propuesta de improcedencia la presentó el mismo consejero Baños, respaldada públicamente por Alfredo Figueroa, y votada por unanimidad por el resto de los consejeros del Consejo General del IFE.

Los consejeros no encontraron ningún esquema de responsabilidad en contra del ex funcionario, debido a que su actuación se apegó a diversos resolutivos emitidos por ese máximo órgano de dirección del instituto y en completo apego a la normatividad interna del órgano electoral y cubriendo las actualizaciones de las instancias competentes.

Sin embargo, el contralor general del Instituto Federal Electoral, Gregorio Guerrero Pozas, se inconformó con la decisión tomada. El documento que yo envié venía muy bien argumentado; algunos de los comentarios que hicieron los señores consejeros desde luego creo que no corresponden a la realidad y, desde luego, yo no estoy de acuerdo con ellos, dijo en entrevista todavía en el salón de pleno.

Pese a esta decisión tomada por los consejeros del IFE, está pendiente otra auditoría, en la que se investiga al mismo ex director administrativo por una renta, remodelación y luego compra irregular de un edificio ubicado en Acoxpa. La denuncia es por gastos millonarios sin justificación por funcionarios del IFE.