En vísperas de nuevos encuentros con los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuestionó las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez –quien dijo que grupos delictivos utilizan a defensores de los derechos humanos para desprestigiar a las instituciones–, y del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández, que descartó la creación de una comisión de la verdad, propuesta por el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia.

Esas acusaciones sólo pretenden criminalizar a los defensores de derechos humanos, sostuvo Pietro Ameglio, integrante del movimiento. Lamentó que en las esferas de gobierno no se entienda la señal de que ésta es la última oportunidad de que exista colaboración con la sociedad civil.

Subrayó que la acusación contra los defensores de derechos humanos y el desdén hacia la comisión de la verdad que reivindica el movimiento es grave y preocupante, ya que sólo alienta una nueva confrontación, porque es una forma de decirnos que no quieren buscar ni la verdad ni la justicia en esta guerra emprendida sin el consentimiento de la sociedad.

Deploró que Saynez haya señalado a los defensores de derechos humanos, y dijo que en nada ayuda criminalizar a éstos, porque el problema involucra a todos: militares, autoridades, sociedad; por eso no se puede hacer una separación simplista de buenos y malos, porque eso es polarizar más esta guerra.

A su vez, el activista Rocato sostuvo que son muy lamentables esos posicionamientos, en virtud de que es una muestra de que parecen no estar dispuestos a escucharnos ni importarles hacer una revisión de lo que está sucediendo en el país, de analizar las omisiones en que han incurrido y hasta las posibles colusiones.

En vísperas de que se reúnan representantes del movimiento con el Legislativo y se realicen trabajos de las mesas instaladas en la Procuraduría General de la República y en Gobernación, Ameglio y Rocato coincidieron en que es importante el encuentro para hacer una revisión de las leyes que están pendientes en materia de seguridad y de reforma política.

Las acusaciones del almirante Mariano Saynez causaron indignación. Imagen captada en mayo pasadoFoto Cristina Rodríguez

La Ley de Seguridad Nacional y una legislación en torno a las víctimas son ejes para modificar el esquema de militarización que se ha adoptado para resolver el problema de seguridad pública. Es necesario cambiar las prioridades de la seguridad del Estado y de las instituciones sobre la seguridad ciudadana, sostuvo Rocato, quien mencionó que la estrategia militar sólo ha escalado la violencia en muchos estados.

Ameglio advirtió que el gobierno debe tener claro que “este diálogo no es sólo de palabras, sino fundamentalmente de hechos. En septiembre, en el encuentro con el Presidente, se hará un balance de las respuestas a las demandas, y si el resultado es que no se ha cumplido nada, el movimiento deberá asumir que ésta no es la ruta hacia la paz y que se requiere pasar a otra etapa, pasar de la colaboración a la no cooperación, a la resistencia civil.

Nadie quiere llegar a ese extremo, pero la autoridad debe poner de su parte con hechos. El movimiento tiene claro su compromiso con la no violencia y lo que supone la resistencia civil en la lógica de no permitir el avance de la guerra y de la impunidad. El proceso social tiene muchas etapas; una es la del diálogo y colaboración, otra es la resistencia civil, porque después de esto, si no hay respuestas, no se puede seguir colaborando. Estamos en la frontera de la colaboración y la no colaboración.

Reivindicó la importancia de la agenda política que fortalezca la participación ciudadana y los instrumentos de control social al poder político. Su aprobación permitiría contar con elementos de exigencia a los poderes.