n el encuentro que se desarrolló ayer en el Castillo de Chapultepec entre representantes del Poder Legislativo y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad pudo presenciarse la continuidad de algunos aspectos positivos observados durante el cónclave que ese mismo movimiento sostuvo el pasado 23 de junio con miembros del gobierno encabezado por Felipe Calderón. El más significativo es la confirmación de un poder político –sea en calidad de gobierno o de representación popular– expuesto a los reclamos de la sociedad, así como la colocación, en el centro de la escena pública y con proyección mediática masiva, de expresiones emblemáticas del dolor, el hartazgo y el agravio provocados por el clima de violencia en el país. Es relevante asimismo que esas expresiones se hayan articulado, en esta ocasión, en torno a reclamos tan críticos como elocuentes –como el expresado por el poeta Javier Sicilia– por la cuota de responsabilidad que corresponde al Congreso de la Unión en la configuración del actual estado de guerra –ya sea por acción o por omisión–; por su desatención presupuestaria a rubros como la educación y la justicia social, sin los cuales el Estado difícilmente puede hacer frente al surgimiento de la delincuencia, y por la anteposición sistemática de los intereses partidistas al bienestar general.

Más allá del acierto en el contenido de tales críticas, el tono enérgico empleado por los representantes de las víctimas parece justificado y procedente, si se toman en cuenta los indicadores recientes sobre la sordera y la indolencia del conjunto de la clase política: baste citar, como botón de muestra, la hostilidad con que ese mismo gobierno ha reaccionado en recientes días, a instancias de su titular de la Secretaría de Marina, en contra de las expresiones ciudadanas en favor de la paz y de los organismos defensores de derechos humanos.

Un aspecto destacable del encuentro de ayer es la continuidad de los representantes de las víctimas en la formulación de propuestas concretas, como correlato de los reclamos lanzados a gobernantes y legisladores: la maratónica jornada de ayer concluyó con el compromiso legislativo de aprobar la llamada reforma política, pero también con planteamientos novedosos sobre la necesidad de discutir y avalar una ley de seguridad ciudadana que ponga énfasis en las visiones garantistas y en el respeto a los derechos humanos, en remplazo de la polémica ley de seguridad nacional que se discute actualmente en el Congreso; con demandas sobre la creación de una comisión de la verdad y de la reconciliación –sin duda, necesaria en un contexto de violencia que se ha saldado con miles de bajas anónimas–, y con un reclamo de normativas orientadas a la protección y la atención de las víctimas. La insistencia en planteamientos conocidos, el surgimiento de nuevas demandas y la complejidad que han ido adquiriendo las mismas permiten ponderar, además del carácter dinámico del Movimiento por la Paz, su creciente capacidad para articular lo que debe entenderse como una amplia diversidad de voces y de vertientes ciudadanas, para desarrollar alternativas de solución a una violencia que, según el discurso oficial, no admite otro camino que el actual, y para incrustar estas visiones en la conciencia cívica.

El punto de contraste ineludible entre la reunión que tuvo lugar hace más de un mes en el Castillo de Chapultepec y la que se desarrolló ayer en ese mismo recinto es que, mientras la primera concluyó en medio de manoteos y renuencias presidenciales a modificar la estrategia actual de seguridad pública, la segunda terminó con el compromiso –por ahora meramente discursivo– de los representantes de las distintas bancadas legislativas a atender el grueso de las demandas formuladas ayer por los representantes de las víctimas.

Ante tal circunstancia, resulta obligado poner en entredicho las lecturas según las cuales el calderonismo habría salido fortalecido tras el encuentro del 23 de junio: ahora, y ante la aparente apertura de los legisladores por atender, así sea con matices, los reclamos de las víctimas de la violencia, parece más adecuado señalar que el propio gobierno federal se excluye, con su postura, como partícipe de los intentos por pacificar el país que son impulsados desde la socieda en la hora presente. Está por verse si los legisladores deciden aprovechar la oportunidad que el Ejecutivo se viene negando a sí mismo.