Amnistía Internacional México manifestó que las declaraciones del secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez, tendientes a desacreditar las labores de los defensores de los derechos humanos dañan el acuerdo del Ejecutivo federal de brindarles garantías para su labor, e incrementan el riesgo y la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

En un comunicado pidió al gobierno mexicano formular un amplio reconocimiento al valor y la legitimidad de quienes defienden los derechos humanos en México, para restablecer la confianza en el diálogo entre la Secretaría de Gobernación y las organizaciones civiles, y así poder concretar un mecanismo permanente de protección para los defensores.

Consideró muy desafortunadas las declaraciones del secretario de Marina, quien el martes pasado aseguró que existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad.

Esas palabras, indicó Aministía Internacional, envían un mensaje contrario al acuerdo firmado por el presidente Felipe Calderón, en el contexto de la visita de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el cual señala: el Ejecutivo, atento a las necesidades de los grupos y organismos no gubernamentales de promoción y defensa de los derechos humanos, asume con plena convicción los planteamientos formulados sobre las garantías que en todo momento debe otorgar el gobierno federal.

Después de resaltar que en los años recientes ha documentado el alarmante índice de abusos en contra de quienes defienden los derechos humanos en México, apremió al gobierno mexicano a crear un mecanismo permanente, suficientemente dotado de recursos y con una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil para la protección de los defensores. Es uno de los compromisos que de manera urgente el Estado debe cumplir, señaló.

Sólo así se pueden garantizar las condiciones tendientes a construir confianza con las y los integrantes de las organizaciones civiles que deberán jugar un papel fundamental en el diseño e implementación del mecanismo para la protección de quienes defienden los derechos humanos, manifestó Amnistía Internacional.